Sánchez presiona a Casado con una reforma de la renovación del Poder Judicial

El cambio legal implicaría que solo sería necesaria la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado en vez del apoyo de los tres quintos de ambas Cámaras que se exige ahora. Una reforma que dejaría fuera de las negociaciones al principal partido de la oposición y rompería un equilibrio fijado desde la Transición.

El presidente del Gobierno señaló tras participar en Bruselas en una reunión del Consejo Europeo que «si el principal partido de la oposición cada vez que pierde las elecciones bloquea (la renovación del Poder Judicial) hasta que gana de nuevo las elecciones, entiendo que el legislador tendrá que tomar una decisión, y el Ejecutivo también». Y afinó un poco más: «La mayoría absoluta del Congreso tendrá que dar una salida y renovar» el gobierno de la judicatura. Los tres quintos en el Congreso son 210 diputados, una cifra que solo se alcanza con el PP, mientras que la mayoría absoluta es de 176.

La mención de Sánchez a los bloqueos aludía a los tres que ha propiciado el PP desde la oposición. El primero en 1995, cuando José María Aznar se negó a negociar la renovación con Felipe González por la expectativa de su próxima victoria electoral, como así fue, un año después. El segundo fue en 2006, dos años después de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Mariano Rajoy bloqueó durante casi dos años el relevo de los vocales. El tercero es el actual, con un Consejo de mayoría de extracción conservadora fruto de la mayoría absoluta de Rajoy en 2011, pero que no es acorde con el actual momento político, con un Gobierno de PSOE y Podemos, y el PP en la oposición.

Socialistas y populares, en concreto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López, tenían casi cerrado este verano un pacto para la renovación, pero Casado lo abortó con el argumento de la imposibilidad de alcanzar acuerdos con un Gobierno que ataca a la Jefatura del Estado.

La Moncloa rechaza de plano ese planteamiento, y atribuye la negativa del líder del PP a su pretensión de mantener un Consejo General del Poder Judicial afín que ha colocado a una mayoría conservadora en los puestos clave de la administración de justicia. Sobre todo en el Tribunal Supremo, donde se ventilan los casos de corrupción (Sala de lo Penal) y se controlan los actos del Ejecutivo (Sala de lo Contencioso-Administrativo).

Sánchez quiere cambiar esa fotografía para que sea acorde con la composición del Parlamento. Pero más allá de esos razonamientos formales hay un mar de fondo con el doble enfrentamiento del Gobierno con el presidente del Consejo, Carlos Lesmes. Es doble por el encontronazo a propósito de la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nueva promoción de jueces, que Lesmes presentó como un castigo al Poder Judicial por no ser dócil con el Ejecutivo, y por la política de nombramientos del Consejo estando en funciones.

El Gobierno ha intentado sin éxito frenar la cobertura de vacantes por parte del Poder Judicial, los últimos el pasado miércoles con la designación de seis magistrados para el Supremo. Considera que los vocales, con su mandato vencido, deben limitarse a tareas administrativas para el funcionamiento ordinario de la institución. «Cuando un gobierno, en este caso de los jueces, está en funciones podrá hacer algunas cosas y otras no», apuntó este viernes Sánchez.

El cambio de mayorías no será, sin embargo, tarea sencilla. La Constitución establece en su artículo 122 la mayoría de tres quintos para la elección de los miembros del Consejo, un listón que también se refleja en la ley orgánica del Consejo que desarrolla el precepto constitucional. Se trataría de modificar esta última norma para lo que se requiere la mayoría absoluta de ambas Cámaras legislativas y, aunque no sea exigible, el consenso del mundo de las togas.

Sánchez cuenta con el respaldo político. La semana pasada, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, JxCat, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canaria, que suman 187 diputados, enviaron una carta al resto de los grupos para urgir la renovación del Poder Judicial y acabar con el bloqueo.