Sánchez prepara el terreno para una crisis larga por la invasión de Ucrania

La guerra finalmente ha llegado. El Gobierno no contempla, al menos por ahora, una ofensiva aliada a la que España estaría obligada a sumarse por sus compromisos internacionales. Ese paso -de consecuencias imprevisibles para la supervivencia de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos- solo se producirá si Rusia, en su afán expansionista, ataca un país aliado de la OTAN, como cualquiera de los bálticos. «Entonces -avisan desde el Ejecutivo- estaríamos ante la III Guerra Mundial». El escenario que se maneja en estos momentos es otro, el de una guerra circunscrita al territorio ucraniano, pero brutal y de larga duración.

Sánchez hizo hincapié en ello el miércoles pasado en el pleno del Congreso en el que, para enfado de Podemos, rectificó su negativa a enviar armas a Ucrania, como ya estaban haciendo la inmensa mayoría de países europeos. «Europa, no me cabe duda, va a prevalecer -dijo-, pero nos enfrentamos a una crisis larga». Una crisis que, como la del covid, afectará, por de pronto, a la economía.

En España ya se han anunciado los primeros parches, como la ampliación a junio de la rebaja fiscales sobre el precio de la luz, afectado por la dependencia que la UE tiene del gas ruso (en torno al 40%). En Europa se empiezan a discutir medidas de compensación a corto y medio plazo. Pero lo que ya es obvio es que el marco que imaginó el jefe del Ejecutivo cuando, en julio de 2021 acometió una remodelación absoluta de su Consejo de Ministros, se ha desvanecido.

Sánchez creyó entonces que en septiembre, superada la meta del 70% de la población vacunada de la covid y con los primeros desembolsos de los fondos europeos ya hechos, la economía española despegaría y los españoles empezarían a notarlo en sus bolsillos. En la Moncloa se acuñó una nuevo término para describir lo que estaba por llegar, la «recuperación justa». En clave electoral, el trampolín del PSOE.

La sexta ola del coronavirus en plenas fiestas navideñas y la escalada inflacionista ya obligaron a revisar ese halagüeño futuro. Aun así, ni el Ejecutivo consideró oportuno modificar los Presupuestos ni alteró las previsiones de crecimiento. Ahora, el análisis ha cambiado. «Puede haber un impacto de ralentización de la recuperación y un impacto claro sobre los precios», admitió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, esta semana.

En el Gobierno apuntan que España tiene algunas ventajas respecto a otros socios para capear el temporal, entre otras cosas, por su menor dependencia del gas ruso. Tanto es así que podría acabar jugando un papel importante, si Putin decidiera cerrar el grifo, por su posición estratégica como importador de gas licuado por vía marítima y su capacidad de regasificación. Además, aunque Calviño y la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Ribera, se muestran escépticas sobre la posibilidad de terminar en el corto plazo el tramo que queda del gasoducto entre España y Francia, el Midcat, en el Ministerio de Asuntos Exteriores creen que la coyuntura puede acabar obligando a los franceses a abandonar sus tradicionales reticencias a ese proyecto por presión de los socios del norte y sostienen que en «meses» podría estar activo.

Pero eso no quita para que la crisis pase factura. Y Sánchez lo remarcó ante la Cámara baja de forma muy gráfica: «Europa tiene la obligación de pagar con este sacrificio lo que los ucranianos están pagando con su libertad y con sus vidas».

En cuanto a las repercusiones políticas de la situación, hay pocas especulaciones. «Hacer planes más allá de una semana vista es inútil», apuntan en la dirección del PSOE. En los últimos quince días los socialistas han visto cómo el PP colapsaba de manera insospechada y cómo se reunificaba en torno a un nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, del que el Gobierno espera una mayor disposición a los pactos de Estado. La respuesta a la agresión rusa ha abierto, por otro lado, una grieta en la coalición pero, fundamentalmente, en Unidas Podemos, entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la dirección del partido del que ella no es militante y a la que pertenecen las ministras Ione Belarra e Irene Montero.

En el Ejecutivo aseguran no temer por la continuidad de la alianza con Podemos. Sin embargo, el pasado lunes, en su entrevista en TVE-1, Sánchez sí insistió en que considera importante que el proyecto que pretende liderar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo «salga fuerte» y resulte «competitivo» en las próximas generales, previstas para finales de 2023 o enero de 2024. Porque los socialistas entienden que los tiempos en los que un partido podía lograr por sí solo la mayoría absoluta han quedado atrás y que, por lo tanto seguirán necesitando a sus socios. Ahora la candidatura de Díaz es una incógnita.

Con todo, son varias las voces del Gobierno que confían en que el escenario de guerra propicie un cambio de paradigma del que salgan perjudicados los extremos políticos y, especialmente, el populismo de ultraderecha, que en España encarna Vox. Su percepción es que, como ocurrió, dicen, con la crisis del covid, la amenaza de Putin -claramente vinculado a referentes de ese espectro como Marine Le Pen o Viktor Orbán- desmonta su mensaje nacionalista y antiglobalización al poner de manifiesto la fuerza que da la unión y la fragilidad de ser un país cerrado sobre sí mismo.

Como prueba, apelan al discurso de Santiago Abascal el pasado miércoles, cuando no solo se mostró beligerante contra el presidente ruso, sino que defendió que se abran las fronteras a los refugiados ucranianos, en contra de su habitual discurso antiinmigración.