Sánchez se juega el futuro de la legislatura

En el PSOE se había alentado la víspera la idea de que el presidente del Gobierno aprovecharía la sesión de control para hacer un nuevo gesto a Esquerra, después de que esta desdeñara la maniobra de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para incluirles junto a Bildu en la comisión de secretos oficiales. En los diez días transcurridos desde que estalló la crisis, Sánchez no había dicho palabra, pero tampoco ayer aportó nada nuevo.

Lejos de encauzar la tormenta, el pleno terminó con los ánimos tanto del secesionismo como del partido minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, aún más enconados por unas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el disparadero desde hace días. «¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías publicas y está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país [Rusia] que está invadiendo Ucrania?», interpeló la responsable del CNI a la diputada de la CUP, Mireia Vehí.

ERC y Bildu aseguran que no desean tumbar al Gobierno. El diputado de la formación independentista vasca, Jon Iñarritu, se lo dijo abiertamente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Pero desde ambos partidos aducen que los socialistas no les están dejando demasiadas salidas; que su respuesta al «grave escándalo» destapado por 'The New Yorker' con datos del grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, Citizen Lab -una investigación interna del CNI y explicaciones de la directora del centro en la comisión de secretos- es insuficiente. Y que además de una comisión de investigación, debe haber ceses.

El mensaje que lanzó ayer, en el hemiciclo, el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, fue rotundo. «De momento- espetó a Sánchez-, pídale el teléfono al señor Casero (en alusión al diputado del PP que salvó por un error la reforma laboral)». Fue una ironía pero lo cierto es que ante el cariz que han tomado las cosas, el Gobierno no ha dejado una puerta sin llamar para intentar superar, al menos, esta bola de set. Lo intentó ayer con Ciudadanos, cuya abstención podría ser clave, pero su portavoz, Edmundo Bal, exigió como contrapartida que Bildu no tenga acceso a los secretos oficiales.

El martes por la noche, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se puso en contacto, además, con el responsable económico de los populares, Juan Bravo. El PP replicó por escrito que el plan tendrá su apoyo si se tramita como proyecto de ley y se incluyen en él sus cuatro reivindicaciones básicas: una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, un recorte del IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del actual Gobierno.

El Ejecutivo no ha dado hasta ahora muestras de estar por la labor de incorporar las propuestas de los populares. Hacerlo abriría un nuevo frente con sus socios en un momento extremadamente delicado. En lo que confían los socialistas es en que Alberto Núñez Feijóo opte al menos por una absteción sin contrapartidas. El presidente del Gobierno incluso solicitó ayer «formalmente» al líder de la oposición su apoyo. «Se lo pido a ustedes -dijo- y al resto de la Cámara». Montero replicó además a Bravo con otra carta en la que ya informa de la tramitación del real decreto ley como proyecto, dando largas sobre la aceptación de sus iniciativas. «Es necesario estudiar, entre otras medidas , el impacto económico y presupuestario», alega.

Los socialistas siguen poniendo en duda que ERC se atreva a tumbar unas medidas de impacto inmediato sobre la ciudadanía. Ayer, de hecho, los republicanso votaron en la comisión de Igualdad a favor de la 'ley Zerolo' en pro de «los derechos de las minorías». Junts per Catalunya, en cambio, evitó votar.