El Gobierno exige a las comunidades que tengan capacidad de doblar sus UCI para iniciar la desescalada

Por eso Pedro Sánchez, en la séptima reunión este domingo con los presidentes regionales desde el comienzo de la crisis sanitaria, se ha limitado a escuchar, sin validar en ningún momento, los planes de desescalada diseñados ya por muchos gobiernos autonómicos y que el Ejecutivo central no les había pedido en ningún momento.

Y luego ha anunciado a los presidentes autonómicos que el Gobierno lleva tres semanas trabajando en su propio plan para suavizar el confinamiento, que deja muy poco margen decisión a los ejecutivos regionales, con los que solo se pactará «la delimitación de las áreas geográficas» de sus comunidades en las que habrá alivio de las medidas. «El virus no conoce de límites provinciales o autonómicos. Hay que preservar unas reglas comunes para todo el territorio», ha subrayado la vicepresidenta Teresa Ribera.

Ese proyecto del Gobierno se basa un documento llamado «Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición» presentado hoy y elaborado por el equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón y en el que desde el principio los expertos advierten que no debería descartarse el confinamiento «total o parcial» de grandes grupos de población durante largos periodos con el fin de poder eliminar el virus o dar margen al desarrollo de una vacuna que podría tardar más de doce meses en estar disponible, según los cálculos de los técnicos.

Los expertos de Moncloa, mucho menos optimistas que los gobiernos autonómicos, incluyen un listado de condiciones 'sine qua non' a los territorios que aspiran a la desescalada deben cumplir. En esencia se trata de garantizar la capacidad de los diferentes sistemas sanitarios para enfrentarse a una segunda oleada de la pandemia, algo no descartable sin una vacuna a la vista.

El Ejecutivo cree que las autonomías, antes de dar ningún paso, deben demostrar sus «capacidades estratégicas» ante el covid en cuatro campos: la asistencia sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y las medidas de protección colectiva.

La más importante de las exigencias para que las autonomías, o parte de sus territorios, puedan entrar en la desescalada es que puedan doblar de forma inmediata el número de camas de UCI (con respecto a antes de la actual crisis) si fuese necesario ante un posible rebrote. Los técnicos creen también indispensable ante la posibilidad de que una nueva epidemia que los diferentes sistemas sanitarios sean capaces de combinar la atención, de forma independiente, de un aluvión de pacientes de coronavirus con enfermos de otras patologías.

Los hospitales y centros de salud de las zonas en desescalada también deberían ser capaces de poder detectar de manera inmediata en sus áreas de ingresos a los pacientes con el virus, precisamente para establecer ese doble circuito de los pacientes. Por ello, deberán tener disponibilidad de realizar pruebas de PCR a todos los enfermos que ingresen en los centros.

El documento de sanidad también exige a las autonomías que, en atención primaria, haya centros específicos para atender pacientes con sintomatología sospechosa de la covid-19. Los expertos creen igualmente indispensable dotar de capacidades a los centros de salud «para la toma de muestras para el diagnóstico de covid-19» y que haya «mecanismos logísticos para el traslado de muestras a los laboratorios que permitan obtener resultados en 24 o 48 horas».

Los expertos constatan en el documento la importancia de la vigilancia epidemiológica y la necesidad de identificar y contener cualquier fuente nueva de contagio, y para ello abogan por el diagnóstico de las personas sintomáticas con pruebas «PCR» u otras que estén consideradas adecuadas y por el aislamiento precoz.

Para ello, el Centro de Coordinación señala que si es necesario se deberá habilitar capacidad hotelera u otras instalaciones para proceder a ese aislamiento «supervisado» de casos leves cuando no pueda hacerse efectivo en el domicilio.

«Si los servicios sanitarios son capaces de demostrar que cumplen estos requisitos estarán en un buen punto de partida para iniciar la desescalada», ha explicado en su comparecencia este domingo el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que también pidió «implicación» a todos los presidentes de las comunidades e insinuó que «cuando se controle la pandemia habrá que replantearse aspectos de nuestro sistema sanitario».

En esencia, el Ministerio de Sanidad lo apuesta todo a la robustez de los sistemas asistenciales de las comunidades porque no descarta ningún escenario una vez iniciada la desescalada. «La incertidumbre sobre la proporción de población ya infectada, la duración de la inmunidad, la posible transmisión estacional del virus y la forma en que evolucionará la epidemia en el resto del mundo, nos impide predecir con seguridad su evolución en España durante el próximo año», admite el equipo de Fernando Simón.

Sánchez ya anunció este sábado que «si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo», a partir del 2 de mayo se permitirá la salida para hacer deporte individual y paseos de personas que convivan en el mismo domicilio. El presidente dijo también que presentará el plan para relajar las medidas de confinamiento el próximo martes después de que el Consejo de Ministros lo apruebe. Será un plan pensado «con la máxima prudencia» y «basado en el criterio de los expertos», dijo.

Los presidentes del Partido Popular, por su parte, han pedido a Sánchez que esta negociación se lleve a cabo mediante una comisión parlamentaria, mientras que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a solicitar al Gobierno que le otorgue plenas facultades para llevar a cabo el desconfinamiento en su región. El presidente, por su parte, ha reiterado que será el Gobierno central el que pilote la desescalada.