El Gobierno ve en la cita con Torra el primer paso hacia la «normalización»

Torra no dio un portazo. Es más, invitó a Sánchez a un próximo encuentro -ya lo había hecho en público pero lo reiteró en privado-, quizá el próximo mes de diciembre. Constató la falta de acuerdo sobre el derecho de autodeterminación y sobre la existencia de presos políticos (ni lo uno ni lo otro existen en España, según el Gobierno), pero se avino a abrir un diálogo sobre los conflictos de competencias que mantienen ambas administraciones, los traspasos de competencias pendientes y las inversiones en las comisiones bilaterales previstas en el Estatut, que en algunos casos no se reunían desde 2011.

El Ejecutivo llevaba semanas argumentando que el independentismo, fracturado, busca una pista de aterrizaje para, sin renunciar a sus objetivos en el medio o largo plazo, volver al autonomismo. Así ha justificado la falta de respuesta a las «provocaciones de Torra» (en palabras de una componente catalana del Gobierno), desde los agravios al Rey al desplante que recibió el embajador en Washington, Pedro Morenés. Y ahora presume de resultados. «Una crisis política requiere una solución política -escribió Sánchez, en catalán y en castellano, en su cuenta de Twitter -. Esta reunión es un punto de partida constructivo para la normalización».

La vicepresidenta Calvo -que compareció en la Moncloa al término del encuentro antes de que lo hiciera Torra en Blanquerna, la sede de la Generalitat- trató a ratos de mantener cierta cautela. No en vano, el presidente catalán advirtió después que no renuncia a «ninguna vía» para construir la república. Pero acabó dejándose llevar. «A otro Gobierno le han hecho dos referéndum y nosotros en un mes y dos días -llegó a afirmar- hemos recibido al presidente de la Generalitat y hemos hablado dos horas y media con él; ese es el sitio».

En todo momento, se esforzó en dejar claro que no habrá en ningún caso abdicación del deber de defender el ordenamiento constitucional y como ejemplo puso la impugnación ante el Tribunal Constitucional, anunciada la semana pasada, de la moción aprobada en el Parlament para ratificar se en la declaración del 9 de noviembre de 2015 que marcó el principio del proceso unilateral y de desobediencia hacia la secesión. Sin embargo, tampoco dio parte de todo lo abordado en el encuentro institucional, en el que Sánchez dijo haber descubierto a un «educadísimo» Torra.

«Imagino que ambos han hablado de muchas más cosas que administrarán de la manera que consideren oportuno», matizó en su intervención. Lo que sí contó es que el Gobierno está dispuesto a retirar al menos tres de los recursos de inconstitucionalidad que presentó Mariano Rajoy contra leyes sociales aprobadas en los últimos años en la Cámara autonómica, en concreto, la relativa a la pobreza energética, la que reconocía la universalidad de la sanidad pública (es decir, el derecho de los inmigrantes a ser atentidos) y una tercera sobre el combate al cambio climático. En principio, hay otra docena de iniciativas suspendidas sobre las que Sánchez también estaría dispuesto a hablar.

Calvo también anunció que será la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, la que presida por parte del Ejecutivo la Comisión Mixta Bilateral (de la que cuelgan otras tres sobre Hacienda, Infraestructuras y Transferencias). La previsión, según fuentes ministeriales, es que pueda celebrarse un primer encuentro antes de agosto. Entre los asuntos a tratar, según la vicepresidenta, estarán también la «recuperación de derechos limitados o recortados» por el Ejecutivo del PP. En concreto, mencionó la derogación de la 'ley mordaza', que ya se tramita en el Congreso, o la anulación de los juicios del franquismo, que también ha llegado ya a la Cámara baja.