Sánchez se mantiene en su estrategia con el secesionismo pese a la presión interna y externa

Sánchez acudió este jueves a Estrasburgo para reunirse con los responsables del Consejo de Europa y visitar el Tribunal de La Haya que, probablemente, se convertirá en la última estación judicial para los acusados del 'procés'. Allí defendió, como estaba previsto desde hacía ya algunos meses, la independencia de los tribunales españoles y la calidad de la democracia española. Pero, en paralelo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, continuó en sus conversaciones con los representantes de la Generalitat, aunque, según fuentes de la negociación, no se lograron avances.

La misma tarde del miércoles, cuando ya había estallado el revuelo por la decisión del Ejecutivo de aceptar que en el diálogo sobre la situación política de Cataluña se incorpore la figura de un «relator», «facilitador» o «coordinador» externo, Calvo ya trasladó a Pere Aragonès y Elsa Artadi que todo seguía igual y que el presidente del Gobierno no se amilanaría por las críticas de las últimas horas. Este jueves reiteró el mensaje y durante todo el día siguieron los contactos telefónicos entre Madrid y Barcelona para tratar de acordar el nombre del eventual mediador.

El acuerdo en este punto no es sencillo porque, mientras el Gobierno dejó caer este jueves su preferencia por alguien de Cataluña, la Generalitat seguía este jueves insistiendo en alguien de «perfil internacional». Pero, al margen de esto, Calvo sí se mostró dispuesta a abrir la mano en lo que se refiere a la composición de la mesa de partidos.

El Ejecutivo defendía hasta este lunes -en el que tanto Esquerra como el PDeCAT anunciaron su intención de presentar una enmienda de totalidad contra las cuentas públicas- que ese foro debía circunscribirse al ámbito catalán y que para eso estaba la mesa creada en el Parlament el pasado noviembre (a cuyas únicas dos reuniones, la última este martes, no han acudido ni Ciudadanos ni la CUP ni el PP). La lógica de esta posición era que en Cataluña hay un problema de convivencia y que lo fundamental, antes de nada, es que exista un diálogo entre los propios catalanes.

El Govern, por su parte, reclamaba la creación de una nueva mesa de ámbito nacional, con el PSOE (no el PSC) Podemos y quien desee sumarse. Pero ahora la posición de la vicepresidenta Calvo no es tan clara. Al referirse a este asunto en su última comparecencia pública, la número dos del Gobierno argumentó que lo que está en juego es «una cuestión que se produce en Cataluña y afecta a todo el Estado» y añadió que «hay partidos interesados en ayudar y sentirse responsables de un diálogo». Además, remarcó: «Hablamos de un espacio diferente, que no es institucional».

Sus palabras, pronunciadas en principio para tratar de restar gravedad a lo negociado y tranquilizar a los propios dirigentes socialistas, sólo sirvieron para echar más leña al fuego; al punto de que Felipe González optó por grabar y difundir este jueves un vídeo en el que muestra su preocupación por la «degradación institucional» en la que se está incurriendo. «¿Para qué necesitamos una mesa de partidos decidida por un Ejecutivo, que no permite funcionar al Parlamento, si existe el Parlamento? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento que es la sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo?», cuestionó.

El tira y afloja en el propio seno del PSOE amenaza así con continuar. El miércoles el secretario de Coordinador Territorial y número dos de Organización en el PSOE, Santos Cerdán, descolgó el teléfono para reclamar a los barones que rebajaran el tono y advertirles, de paso, de que no se convocaría un Consejo de Política Federal, como había reclamado, fundamentalmente, el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page. Este jueves, éste volvió a la carga. «No sé cómo tiene que estar la situación territorial del país para que seamos capaces de vernos», dijo en alusión a la necesidad de que los planes del Gobierno sean debatidos por otros líderes del partido. A su planteamiento se unió, además, el PSOE andaluz, que aun así optó por no hacer mucho ruido.