Sánchez no logra acallar el malestar interno por la concesión de un concierto a Cataluña

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, reclamó hoy a Sánchez que convoque el órgano que reúne a los secretarios generales de todos los territorios del PSOE, el Consejo de Política Federal, para que tengan oportunidad de pronunciarse sobre algo que afectará a sus comunidades autónomas. «Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad sobre un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro», dijo.

Gallardo remarcó que, como líder del PSOE extremeño, defenderá «siempre» los principios del partido, entre ellos, la solidaridad entre los españoles, y recordó que lo que él pide ahora –y que secundan varias federaciones consultadas por este periódico (Aragón lo ha hecho públicamente)– es lo que se hizo para definir en 2013, con Alfredo Pérez Rubalcaba a las riendas, la posición del conjunto del partido sobre la configuración del Estado autonómico, plasmada en la trabajadísima Declaración de Granada, en la que se proponía una reforma «con los principios y técnicas del federalismo».

No es baladí que el jefe del Ejecutivo esgrimiera la víspera, durante su tradicional balance de fin de curso, que con el preacuerdo alcanzado con ERC se está dando «un paso hacia la federalización del Estado». El propio PSOE denomina como «federales» a sus órganos internos. Pero ni la Declaración de Granada ni ningún otro documento interno ha planteado nunca una reforma tan disruptiva del sistema de financiación vigente como la que recoge el pacto con los republicanos.

El consenso, tanto dentro del PSOE como entre las dos principales fuerzas políticas del país, siempre ha estado en que los regímenes forales del País Vasco y Navarra no se podían generalizar ni extender a Cataluña, cuyos Gobiernos llevan reclamando un pacto fiscal desde 2012, en el inicio del 'procés'. Y muchos en el PSOE se quejan de que se les pretenda imponer ahora otro criterio sin el más mínimo debate.

Hasta ahora, han muy claros al expresar su inquietud el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page; el expresidente de Aragón, Javier Lambán; el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato; el líder de los socialistas castellanoleoneses, Luis Tundanca, y Gallardo.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que se encontraba de vacaciones, aún no se ha pronunciado. Lo hará este viernes. Su peso es relevante porque, a diferencia de Page, él sí es próximo a Sánchez. En todo caso, tanto su vicepresidenta, Gimena Llamedo, el martes, como su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, este jueves, fueron tajantes.

Peláez recordó que ya él y Barbón expusieron de forma «nítida, clara y congruente», hace unas semanas, su rechazo a que «cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal» y reiteró que su posición es la de de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox, y la de otras siete comunidades autónomas -Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja- fijada en 2021 en la Declaración de Santiago. «El Principado de Asturias -dijo- aboga por una reforma del sistema de financiación dentro del régimen común a través de un acuerdo multilateral entre todos los territorios en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera».

La dirección del PSOE y el núcleo duro del Gobierno confían en que los resquemores se vayan suavizando con el paso del tiempo, pero su prioridad ahora es garantizar la investidura de Illa y de momento están escatimando en explicaciones por temor a reventar la consulta a las bases convocada por ERC para validar el acuerdo. No está previsto, de hecho, que en lo inmediato se convoque el órgano territorial que demandó Gallardo. En Ferraz se limitan a argumentar que ya habrá "ocasión" de que todos digan lo que piensan.