Sánchez exige explicaciones al rey emérito pero enfría el debate de la inviolabilidad

«Tiene que aclarar todas las informaciones que hemos ido conociendo y que recoge el informe de la Fiscalía, que retrata una serie de conductas» delictivas que se quedaron sin enjuiciamiento ni sanción penal porque o bien habían prescrito o estaban blindadas por la inviolabilidad que la Constitución otorga al Rey. Sánchez, en una conversación informal con los informadores que le acompañan en su viaje a Letonia, no aclaró de qué forma deben sustanciarse esas explicaciones del exjefe del Estado a los ciudadanos. Ese formato, vino a decir, debe decidirlo la Casa del Rey de común acuerdo entre padre e hijo.

No es la primera vez que Sánchez reclama al rey emérito que aclare lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Se lo demandó por primera vez en octubre del año pasado, en plena 'mascletá' informativa sobre sus negocios. Sería conveniente, dijo Sánchez entonces, que diera su «opinión sobre estos hechos e informaciones perturbadoras que socavan la confianza del pueblo español en las instituciones». Dos meses después, y tras el archivo de la investigación abierta en Suiza por el fiscal Yves Bertossa, lo volvió a hacer con palabras más rotundas.

Pero sus peticiones han sido desoídas porque la decisión corresponde, en primera instancia, al rey emérito, y, después, a su hijo. La Casa Real guarda silencio y no ha dado ninguna señal de que esas explicaciones se vayan a dar.

El presidente del Gobierno conoció este lunes, unas horas antes de que se hiciera pública, «el sentido» de la carta de Juan Carlos de Borbón a Felipe VI, en la que le comunicaba sus planes de quedarse a vivir en Abu Dabi aunque visitará «con frecuencia» España sin residir en el palacio de la Zarzuela. Simplemente, contó en la charla del avión, «acusamos recibo», aunque «lo que no es de recibo -abundó- son las informaciones que hemos conocido en este tiempo», y que sitúan entre 30 y 56 millones de euros la suma que defraudó a Hacienda.

Pero así como Sánchez se mostró firme en su exigencia de explicaciones por los negocios privados y delitos fiscales, fue mucho más laxo con la revisión de la inviolabilidad del Rey, un refugio jurídico que ha permitido al rey emérito sortear el procesamiento. Ni el fuego graneado que desataron hoy sus socios y aliados para la supresión de este privilegio ni el intenso debate entre juristas y constitucionalistas, en su mayoría favorables a la eliminación, han hecho mella en el Gobierno. «Cualquier cambio normativo será informado», despachó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

En la Moncloa consideran que las modificaciones en ese sentido tienen que contar con el visto bueno de la Casa Real. Un plácet, que a la vista de la inacción, no se ha producido.

El Gobierno dice que no tiene entre sus planes legislativos la revisión de la inviolabilidad. Pero por los despachos oficiales ha circulado y circula un informe que aborda el asunto, y prevé una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para acotar el aforamiento del Rey a los actos propios de su cargo y excluir las actividades privadas. Esta vía se utilizó en 2014 para aforar a la reina Letizia, los reyes eméritos y la Princesa de Asturias.

Esta fórmula soslaya la modificación del artículo 56 de la Constitución, que por ser parte del título de la Corona, requiere una reforma agravada de la Carta Magna con amplias mayorías parlamentarias, disolución de las Cortes, elecciones y referéndum,