Sánchez ignora la resistencia de Podemos y enfila para elevar las penas del 'solo sí es sí'

El nudo gordiano seguía ayer donde estaba. Mientras el ministerio de Justicia dirigido por la magistrada de carrera Pilar Llop, sus compañeros de cuerda en el Ejecutivo y el PSOE inciden en el plan para corregir al alza las horquillas penales y reintroducir el factor distintivo de la violencia y la intimidación, asegurando que ello no pone en peligro la máxima de que solo es lícito un contacto sexual si es consentido, sus aliados siguen interpretando que las propuestas del ala socialista suponen, en la práctica, regresar a los presupuestos previos del Código Penal aunque se mantenga en un único tipo delictivo el abuso y agresión; es decir, a que sean las mujeres las que tengan que someterse a un «calvario probatorio» para demostrar un ataque sexual si no ha mediado un acto violento o no se ha resistido a él. El viernes, Justicia envió una nueva alternativa penalógica a Igualdad, que, a su vez, ha remitido seis contrapropuestas a Llop desde diciembre, cuando Sánchez detonó las conversaciones para la reforma sin que nadie lo comunicara a la opinión pública. El último texto de Llop, sostienen en el entorno de Montero, es «igual o incluso peor» que los previos.

Tal y como informó este periódico, Igualdad se aviene a subir las penas –Justicia planea retornar, por ejemplo, a los seis años de mínima en el tipo básico de violación frente a los cuatro actuales– y endurecer algunas agravantes; pero no a reincorporar la circunstancia violenta que, a su juicio, acaba con la conquista del libre consentimiento. Ayer, en un acto con candidatos de Podemos en Murcia y ante un público que se levantó a aclamarla cuando hizo bandera del 'solo sí es sí', Montero incidió en su mensaje de estos días para dar a entender que ella quiere un acuerdo, aunque no a cualquier precio. La ministra reiteró su disposición a «ceder» para que salga una reforma «unitaria» del Gobierno, pero también que no transigirá en el consentimiento.

Traducido, según fuentes próximas a la ministra: los socialistas «saben que hemos cedido muchísimo» y que «no vamos a poder aceptar» un 'rescate' de «la violencia y la intimidación». «Lo que no se puede es reformar el Código Penal sin tener los mínimos fundamentos de Derecho Penal», ironiza una responsable socialista que, como otros, cree que Montero siembra confusión al supeditar el reacomodo de las penas a un libre consentimiento que ya estaba presente en normas pasadas. El cruce ayer de intervenciones públicas entre la titular de Igualdad y el presidente de su Gobierno, quien presentaba la candidatura de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid, vino a escenificar cómo de tensas están las cosas en el Gobierno.

Mientras Montero, en un discurso apasionado, enarbolaba la ley porque «está bien hecha» pese a tragarse el sapo de tener que tocarla y preguntaba una y otra vez, retando al PSOE, «¿Quíén manda aquí?» frente a la «reaccionaria derecha» política, judicial y mediática, Sánchez llegó, desgranó su intervención y se fue sin mención alguna a una crisis de consecuencias impredecibles para la coalición si no hay un consenso con el que ambos socios salven la cara. Fuentes socialistas justificaron el silencio presidencial –Yolanda Díaz tampoco aludió a la crisis en un acto de Sumar– porque «la posición está clara»: «Las víctimas, en el centro. Esto tiene que modificarse de inmediato», zanjan.

El elocuente mutismo de Sánchez evidencia el cortafuegos que trata de establecer ante un incendio, el de las rebajas de penas, que se ha vuelto imparable en puertas del 28-M y después de haber pospuesto, en vano, la decisión de enmendar la norma para que la discordia no anidara en un asunto erigido en tótem para Unidas Podemos. A ambos aliados les invade el vértigo ante lo que supondría que el PSOE presentara la próxima semana en el Congreso una reforma en solitario, con el PP, que denuncia «la chapuza» normativa, esperándole en la esquina con el apoyo prestado de sus votos. Pero Sánchez enfila hacia el cambio del 'solo sí es sí' sin admitir «lecciones de feminismo» del partido de Núñez Feijóo –«Tiene credibilidad cero», dice un ministro– y con el PSOE dispuesto a que le voten aquellos que compartan «que las víctimas dejen de ver cómo se rebajan penas a sus agresores».