Sánchez hereda el bloqueo permanente del Poder Judicial en su tercer mandato

El 4 de diciembre de 2018 tocaba renovar el CGPJ después de cinco años de mandato. Para ello, hacen falta doce jueces y ocho juristas de reconocida competencia que deberá nombrar el Parlamento. Para encontrar los ocho juristas, los partidos representados buscaron directamente entre personas de su confianza, siguiendo la dinámica de otros consejos. Pero, ¿y los doce jueces? Cuatro meses antes, con antelación suficiente, el Consejo inició un proceso interno en la carrera judicial para ver qué togados querían presentarse como candidatos a vocal. La condición es estar en activo y tener el aval de 25 compañeros o de una asociación judicial.

El 27 de septiembre de 2018 el entonces presidente Carlos Lesmes envió al Parlamento la lista de 51 jueces candidatos a vocal. Instó a los presidentes de Congreso y Senado a que iniciaran el proceso de renovación (totalmente parlamentario) y, además de elegir a los ocho vocales juristas, extrajeran de esa lista y mediante la correspondiente votación en las Cámaras los doce nombres de jueces. La pelota, por lo tanto, ya estaba en manos de las Cortes, esto es, de los dos partidos que suman la mayoría necesaria de 3/5 para culminar este proceso: PSOE y PP.

El 2 de noviembre de 2018 parecía todo atado. Once vocales elegidos por el PSOE y nueve, por el PP. Importaba más el número que los nombres, siguiendo esta perniciosa dinámica de bloques y mayorías dependiendo de qué partido tenga más apoyos en el Parlamento para gobernar. Aquel acuerdo, el momento que más cerca ha estado el CGPJ de renovarse, incluyó también quién sería el presidente del órgano y, por ello, del Tribunal Supremo. A propuesta del PP, acordaron que fuera Manuel Marchena, al que, precisamente, le tocaba juzgar pocos meses después a los doce líderes del 'procés' en el Supremo.

El 19 de ese mes se filtró un whatsapp de Ignacio Cosidó, senador popular, dirigido a sus compañeros de bancada para justificar el pacto con los socialistas. El mensaje decía que con este acuerdo «van a controlar por la puerta de atrás» la Sala Segunda (Penal), la misma que preside Marchena. El escándalo fue mayúsculo y el magistrado hizo pública una carta en la que dijo que con él no contasen.

La entonces presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, ante la ruptura del pacto, interrumpió el proceso de renovación sin causa legal para ello y cuando aún faltaban por comparecer dos candidatos por el turno de juristas de reconocida competencia. Comenzó así una larga travesía por el desierto que dura hasta hoy. La doble cita electoral en 2018, generales en abril y repetición en noviembre, cambió el tablero parlamentario. Sánchez asumió la presidencia y comenzaron las negociaciones con el PP de Pablo Casado.

Durante los tres años siguientes, 2019, 2020 y 2021, las negociaciones viajaron en una montaña rusa. Solo con el nombramiento del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, y su entendimiento con el entonces intermediario del PP Enrique López –ambos jueces de carrera–, pareció llevar el acuerdo a puerto. Tanto en Moncloa (a través del ministro de la Presidencia Félix Bolaños) como en Génova 13 (con el secretario general del PP Teodoro García Egea) dieron el visto bueno. El 21 de abril de 2021 Campo afirmó: «Mantengo que el pacto está hecho. Solo espero la llamada del PP para hacerlo oficial».

Pero la llamada no llegó tras surgir una serie de condicionantes internos: la presentación de iniciativas legislativas rechazadas para despolitizar parcialmente el Consejo o el hecho de que el conflicto se trasladase a la Unión Europea. Pero el punto determinante fue la aprobación de la reforma para limitar las competencias del Consejo en funciones, concretamente el nombramiento discrecional de altos cargos de la magistratura. Una ley impulsada por el PSOE que pretendió sin éxito presionar al PP para levantar el bloqueo. La interlocución volvió a punto muerto tras la marcha de Campo de Justicia en julio de 2021. El desgaste por la tramitación de los indultos a los líderes del 'procés' y la falta de resultados con el CGPJ sellaron su salida.

La abrupta salida de Pablo Casado como presidente del PP en febrero de 2022 cambió de nuevo las piezas de la negociación. Bolaños se quedó sin interlocutor mientras que los populares trataron de reconstruirse alrededor de la figura de Alberto Núñez Feijóo, que le entregó a Esteban González Pons el encargo de negociar con los socialistas. En verano de 2022 volvió a sonar la sintonía de un posible acuerdo, presionado por el anuncio en septiembre de Carlos Lesmes de que si no se firmaba dejaría el cargo, como al final ocurrió en octubre. El PP comenzó a enredarse con su propuesta de reformar primero el sistema de nombramientos de los vocales –dando mayor peso a elección directa de los jueces, tal y como recomienda Bruselas–, antes de pactar la renovación. Pero el PSOE se opuso con virulencia.

Sin embargo, la justificación que quebró cualquier entendimiento llegó por otra iniciativa que se aprobó en el Parlamento: la derogación de la sedición y la reforma de la malversación que los socialistas negociaron con ERC en el marco del 'procés' judicial. En diciembre de 2022, Feijóo admitió que había ordenado paralizar cualquier acuerdo, que estaba «muy avanzado», por la reforma «a la carta» al socio independentista del Gobierno.

A principios de 2023 la configuración del CGPJ había variado de forma significativa con las dimisiones y jubilaciones forzosas de algunos miembros. De los 20 vocales y el presidente hoy solo quedan 16 consejeros (uno de ellos, Vicente Guilarte, ejerce las funciones de presidente interino). En el plano operativo, el Constitucional avaló en octubre pasado la ley que impide al Consejo realizar nombramientos estando en funciones. Una restricción que está provocando graves consecuencias en el funcionamiento del Supremo: en la actualidad hay un 30% de plazas vacantes sin cubrir –la Sala Social llega al 50%–, se estima que el pasado año se dictaron unas 1.000 sentencias menos y los plazos de respuesta han crecido de forma exponencial.

Finalmente, el estado de la negociación para renovar el CGPJ atraviesa probablemente su peor momento en estos cinco años. La tramitación de la ley de amnistía al 'procés', que ha permitido a Sánchez repetir mandato, ha hecho que las diferencias con el PP sean casi insalvables. Al menos en esta primera parte de legislatura, marcada por las consecuencias judiciales cuando se apruebe la ley.