Sànchez entierra en el Supremo su afán de ser presidente para salir de prisión

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana lanzó un órdago a los tres magistrados del Alto Tribunal para salir de una vez por todas de prisión, donde permanece desde el pasado 16 de octubre de forma preventiva. Tras las reiteradas negativas a dejarle libre de la Audiencia Nacional, del juez instructor del 'procés' Pablo Llarena y de la misma Sala de Apelaciones, Sànchez optó esta vez por enterrar su aspiración de presidir la Generalitat para volver a casa con su familia.

La decisión del número dos de la lista de JxCat por Barcelona llegó después de que la Fiscalía del Supremo, en un sorprendente cambio de postura, acatara la decisión del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y modificara su petición sobre la situación personal de Joaquim Forn. El exconsejero del Interior y una de las cabezas visibles de la causa del ‘procés’ ya dejó el acta de diputado el pasado 24 de enero y, tras incidir en su renuncia a la vía unilateral, vio ayer como el Ministerio Público reclamó para él la libertad bajo fianza de 100.000 euros tras permanecer en prisión provisional sin fianza desde el pasado 2 de noviembre.

A la espera de que la Sala de Apelaciones del Supremo resuelva la situación de Forn y Sànchez, probablemente este miércoles, el movimiento del abogado de éste último marcó el devenir de la cita de ayer en el Alto Tribunal. Primero, porque el alegato del letrado Jordi Pina ante los magistrados incluyó este sorpresivo anuncio de su cliente, que jugaba su carta final para abandonar la cárcel madrileña de Soto del Real. Y, en segundo lugar, porque este movimiento procesal cerraba la puerta de forma definitiva a la candidatura de Sànchez. Una circunstancia que dejaba expedita la vía para que el también investigado en el sumario Jordi Turull, exconsejero y miembro de JxCat, le sustituyera en la rampa de lanzamiento para presidir el Gobierno catalán.

En cualquier caso, la opción Turull no es menos arriesgada que la de Sànchez, ya que le imputan delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos y, en la actualidad, está en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras estar un mes en prisión preventiva en noviembre pasado. Asimismo, sobre él pesan medidas cautelares que restringen sus movimientos: retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias judiciales semanales.

El objetivo marcado entonces por el juez Llarena era mitigar el riesgo de reiteración delictiva, bajo amenaza de que su incumplimiento podría mandarle otra vez a prisión.

No obstante, en el caso de Sànchez, cuya plataforma ANC fue la encargada de abonar las fianzas entre otros de Turull, su órdago no cuenta con el aval de la Fiscalía del Supremo, que ayer reclamó a la Sala de Apelaciones que sigue en la cárcel porque el riesgo de que vuelva a delinquir si queda en libre prosigue.

En cambio, Forn podría correr mejor suerte después de que la Fiscalía haya solicitado libertad bajo fianza de 100.000 euros por orden expresa del fiscal general. Para ello, el acusador público Fidel Cadenas invocó en la vista el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que justifica una decisión en la que no se está de acuerdo por imperativa legal, es decir, en cumplimiento de una orden del superior jerárquico.

Las razones que aludió Sánchez Melgar son de cuestión «humanitaria» ya que Forn dio positivo en un test de turbeculosis, según especificó la Fiscalía en una nota; el «nulo» riesgo de reiteración delictiva, ya que dejó el acta de diputado el pasado 24 de enero; y que en este periodo no ha realizado manifestaciones delictivas.

De los tres argumentos referidos por el fiscal general, el que ha causado más polémica es el primero, ya que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que «nadie» ha pedido a Instituciones Penitenciarias informes médicos sobre Forn. De lo que se deduce que los estudios los presentó su defensa en el recurso de excarcelación.