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El jueves se resolverá la primera partida en el nuevo tablero político que arrojaron las urnas el pasado 23 de julio. Uno a uno, los 350 diputados, que habrán prometido previamente la Constitución, subirán a la tribuna para depositar en una urna la papeleta con ... el nombre del candidato para presidir el Congreso en la decimoquinta legislatura. La elección del principal puesto del órgano de gobierno de la Cámara así como el reparto de los ocho restantes –cuatro vicepresidencias y otras tantas secretarías– se está decidiendo todavía a izquierda y a derecha, en unas negociaciones contra el reloj y envueltas en un halo de discreción, pero cuyo resultado será clave para conocer cómo de cerca está la formación de gobierno o la repetición electoral.
En esta liza, el PSOE pondrá a prueba por primera vez un pacto con todos sus socios – Sumar, Esquerra, EH Bildu, Junts, PNV y el BNG– para lograr una mayoría progresista mientras el PP hará todo lo que esté en su mano por hacerse con el control de la Mesa. Los populares defienden que tiene que «reflejarse» en el órgano que son el grupo «mayoritario», el partido que ganó las elecciones con 137 escaños. Pero Pedro Sánchez no quiere perder contra Alberto Núñez Feijoo el pulso inicial de la legislatura y jugará sus cartas. El objetivo es visualizar que existe una mayoría a la que le une el rechazo a PP y Vox para consolidar la idea de que hay mimbres para revalidar el mandato del Gobierno de coalición.
Los socialistas apuran los contactos tanto con Sumar como con los nacionalistas e independentistas con la premisa de que debe ser un diputado del PSOE quien suceda a Meritxell Batet. Desde la coalición que lidera Yolanda Díaz deslizaron que era una oportunidad para que la tercera autoridad del Estado no estuviera desempeñada por el PSOE.«Estamos construyendo una alianza amplia», arguyó el diputado de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago. Pero el PSOE zanjó el debate dejando claro que ese puesto no estaba en discusión.
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Cristina Cándido
El plan es que el bloque de la izquierda se haga con cinco de los nueve puestos de la Mesa, además de la Presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. Para encajar todas las piezas del puzle, el PSOEestá dispuesto a ceder un asiento a un representante del nacionalismo o del independentismo, además de garantizar a ERC y a Junts tener un grupo parlamentario propio. Un movimiento con el que se aligeraría además la composición del grupo mixto, con la presencia del BNG –que ya ha avanzado que su opción es una Mesa «progresista»–, Coalición Canaria y UPN sin necesidad de compartir el tiempo y los recursos.
Ni la formación de Oriol Junqueras ni la del del prófugo Carles Puigdemont cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento para ello: tener al menos 15 escaños –tienen siete cada uno– o, en su defecto, cinco y al menos el 15% de los votos correspondientes a todas las circunscripciones en las que hubieran presentado candidaturas o el 5% de los emitidos en el conjunto de España. Los republicanos se quedaron el 23-J por debajo de este último porcentaje en Girona (14,74%) y Barcelona (12,33%). Los posconvergentes tampoco superaron ese umbral ni en Tarragona (11,08%) ni en la Ciudad Condal (9,68%).
El clima con ERC, admiten fuentes socialistas, es positivo y se da por descontado su apoyo el jueves después la oferta de una nueva financiación, la implantación de lenguas cooficiales en la Cámara baja e incluso la disposición a abordar una reforma a fondo del modelo territorial. «Lo más importante para avanzar en Cataluña es poder negociar y hablar. Esto es mucho más probable con una Mesa supuestamente progresista. En esto estamos y de aquí no nos movemos», aseveró el jueves Teresa Jordá, encargada de transmitir al PSOE las reivindicaciones republicanas.
Esa misma tarde se reunió con Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales en funciones, además de emisario de Sánchez para estos contactos preliminares. Los de Junqueras no dan prioridad a formar parte de la Mesa sino que buscan, junto con tener grupo propio, que los socialistas les faciliten volver a presidir alguna comisión parlamentaria con cierta relevancia. La pasada legislatura presidieron la comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Distinto es el entendimiento con Junts, que mantiene una posición mucho más fría y no mueve ficha, de momento, hacia el acuerdo que debe cerrarse antes de que se constituya el día 17 la Cámara baja. La irrupción del Tribunal Constitucional, inadmitiendo a trámite el recurso de Puigdemont contra su detención, ha metido ruido en las negociaciones, pero las conversaciones siguen abiertas. Sus siete diputados son imprescindibles para que los socialistas puedan hacerse con la Presidencia del Congreso.
También lo son los cinco parlamentarios del PNV y los seis de EH Bildu. Los nacionalistas vascos, que han ocupado puestos en la Mesa en el pasado, se conformarían con presidir alguna comisión como en esta legislatura, mientras que la formación abertzale ni siquiera reclamó hace cuatro años un cargo de esas características.
El PP no renuncia a hacerse con el control de la Mesa y aspira a ello con 172 votos –los 137 de su grupo, los 33 de Vox, el del parlamentario de UPN y el posible de Coalición Canaria–. Esto obligaría al PSOE a lograr el voto de todos los partidos minoritarios para poder retener el cargo de tercera autoridad del Estado por detrás del Rey y del presidente del Gobierno. Pese al rechazo del PNV, que ya ha dicho no a una posible investidura de Núñez Feijóo, los populares insisten en esta vía para colocar a uno de los suyos en el puesto. Están dispuestos a dar a los nacionalistas vascos cabida en la Mesa para lograr su apoyo, aunque también tendrán que lidiar con Vox que exige volver a tener un asiento en el órgano esta legislatura.
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