Secciones
Servicios
Destacamos
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han puesto fin a un 2023 que, revisado retrospectivamente, se asemeja a un campo de batalla con incendios inimaginables casi día a día pactando, al fin, la reescritura del artículo 49 de la Constitución para suprimir el peyorativo término ... de «disminuidos». Un consenso que, visto lo visto en los últimos doce meses, constituye tanto un hito como un espejismo. Un hito porque los precedentes no hacían presagiar que de la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición el 22 de diciembre, día de la lotería, fuera a cristalizar acuerdo alguno; al de la reforma constitucional acabó sumándose la exploración de un desbloqueo de la enquistada renovación del CGPJ con insólita mediación de la UE.
Pero un espejismo, también, porque ese acercamiento puntual en cuestiones de Estado no implica ni una colaboración cómplice ni una visión mínimamente compartida del país. Un país que Sánchez ha decidido gobernar, para poder retener la Moncloa tras resistir contra pronóstico el 23-J, recabando el apoyo del soberanismo catalán y vasco -con una controvertida mesa de negociación con el aún prófugo Carles Puigdemont y amarrando sus lazos con EH Bildu otorgándole la Alcaldía de Pamplona- y que Feijóo denuncia que ha quedado en manos de quienes quieren «destruirlo».
Uno y otro vuelven a citarse, así, espadas en alto ante otro año impredecible con tres citas electorales -gallegas, vascas y europeas-, que pende de los humores del secesionismo y que sucede a un 2023 que nació convulsionado por la ley del 'solo sí es sí' y la derogación de la sedición y ha terminando remachando la despenalización del 'procés' y la rehabilitación política de sus líderes con la amnistía, aún por aplicar, tensando el Estado de derecho.
El bautismo del año consagró la entrada en vigor de la modificación del Código Penal pactada por Sánchez con ERC para suprimir la sedición y suavizar la malversación. Tras el indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes del 'procés' condenados, el presidente abría la puerta, cerrada hasta entonces, a despenalizar cualquier otro amago de ruptura con la España constitucional. Corrían los días en los que, ante las aceradas críticas de la oposición y las trabas de jueces y fiscales del Supremo, el Gobierno reiteraba su compromiso de traer a Puigdemont para que fuera juzgado.
Con el PSC salvando los Presupuestos del Govern de Pere Aragonès en el primer acuerdo transversal en Cataluña en una década, el resquicio de la ley del 'solo sí es sí' por el que cientos de delincuentes sexuales logran rebajar sus condena desembocó en el cisma más severo en el Gobierno de Sánchez. El PSOE, al que le reventó el caso de corrupción del 'Tito Berni', hoy casi olvidado, registró por su cuenta la reforma de la norma y el presidente intervino 'de facto' el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
La quiebra en el Gobierno contagió a los feminismos, divididos el Día de la Mujer. Con la vuelta a Barcelona de Clara Ponsatí, conseller de Puigdemont, y la condena por corrupción a Laura Borràs agriando aún más las relaciones fratricidas de Junts y ERC, Sánchez y Yolanda Díaz ensayaron su dúo electoral en la moción de censura de Vox, con el histórico excomunista Ramón Tamames de candidato.
El Domingo de Ramos Yolanda Díaz puso de largo Sumar en el madrileño polideportivo Magariños entre gritos de 'presidenta' y con plante de Podemos. El Gobierno aprobó con ERC y Bildu la primera ley estatal de Vivienda, mientras Sánchez consumó el divorcio con Montero sacando adelante y valiéndose del PP la reforma del 'solo sí es sí'.
El mes empezó con el pulso Ayuso-Bolaños en los actos del Dos de Mayo y acabó con una sacudida de vértigo. Tras una campaña marcada por la inclusión de etarras condenados en las listas de EH Bildu y varios fraudes en el voto, el PP tiñó de azul el mapa en un 28-M que enfilaba a Feijóo hacia la Moncloa. Sánchez, fulgurante, se jugó su última baza para contener la debacle y la contestación interna adelantando las generales al 23 de julio.
El día -17- de constitución de los ayuntamientos, el PP permitió a los socialistas hacerse con las alcaldías de Barcelona y Vitoria frente a Junts y Bildu. Pero Feijóo y sus barones también hicieron lo que Sánchez buscaba anticipando las elecciones: visualizar ante el electorado el impacto de los acuerdos locales y autonómicos con el partido de Abascal.
Presentándose como el garante de los derechos frente a las fuerzas «reaccionarias», Sánchez aguantó el 23-J frente a un Feijóo cuyo triunfo se quedó corto. El endiablado escrutinio, con dos bloques casi simétricos, y el abismo entre PSOE y PP entregó las llaves de la investidura a un Puigdemont rescatado de su ostracismo. Los socialistas se habían negado, hasta entonces, a contemplar tan siquiera la amnistía al 'procés' por inconstitucional.
Con el PP haciéndose fuerte ya en sus gobiernos autonómicos y su mayoría absoluta en el Senado, Sánchez superó el test de la dirección de la Cámara baja con un cambio para la presidencia -Francina Armengol por Meritxel Batet- y el compromiso con el uso de las lenguas cooficiales (también en Europa) exigido por Junts. A final de mes, el Rey convocó su primera ronda para la investidura y propuso a un Feijóo sin apoyos. Éste planteó a Sánchez un Gobierno de dos años, sin éxito.
Díaz cruzó la frontera reuniéndose en Bruselas con Puigdemont, que fijó sus condiciones: amnistía y referéndum. El borrado de las causas del 'procés' sin contrición de por medio solivianta a históricos del PSOE -Nicolás Redondo acaba expulsado- y llevó al PP a manifestarse en vísperas de la frustrada investidura de Feijóo, al que Sánchez no dio réplica. Los socialistas negociaban ya con el secesionismo una amnistía que no mencionaban por sus letras.
Fue el mes de la 'Leonormanía' -la princesa de Asturias juró bandera y la Constitución, con el Rey apelando a los valores de la Carta Magna que reiteraría en la apertura de las Cortes y el tradicional mensaje de Nochebuena-, pero también de dos fotos para la hemeroteca: la de Sánchez con Bildu -la primera de un presidente homologando a la izquierda abertzale- y la del número tres del PSOE con Puigdemont que encarriló la investidura, para la que el líder socialista ya había sido propuesto por Felipe VI. Sánchez defendió explícitamente la amnistía, ante su comité federal, para hacer «de la necesidad, virtud».
En jornadas en carrusel, los socialistas cerraron su entente con ERC, que amnistía delitos de terrorismo atribuidos a los CDR y Tsunami Democràtic y condona 15.000 millones de euros de la deuda catalana-, antes de sellar la propia con Junts. La proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso y las comisiones de investigación sobre el 'lawfare' desataron una revuelta en jueces y fiscales que perdura. El PP sacó a la calle a miles de manifestantes en todas las capitales de provincia, mientras elementos ultras acosaban Ferraz. Sánchez conquistó su tercer mandato y formó Gobierno.
Junts se cobró la primera reunión con el PSOE en Ginebra con verificador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo, y Podemos rompió con Sumar forzando al PSOE a tener que negociar con un socio más. El año remató con la tormenta descargada por la entrega a Bildu de Pamplona -otro Rubicón cruzado por Sánchez-, los acotados pactos con Feijóo y el reajuste en el Gobierno para relevar a una Nadia Calviño camino del BEI.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.