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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no tienen en su agenda inmediata reunirse para encauzar la crisis en la coalición gubernamental, pero ni la Moncloa ni Unidas Podemos descartan un encuentro en los próximos días. De momento, tendrá que ser la comisión de seguimiento del pacto ... la que serene unos ánimos que ayer bajaron de revoluciones.
Un paréntesis al que contribuyó el presidente del Gobierno con el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará mañana un decreto ley con ayudas por 100 millones de euros para afrontar la subida del precio de la luz en 1,2 millones de hogares vulnerables. Una medida reclamada con insistencia por su socio minoritario, pero que el Gobierno, hasta ahora, no contemplaba. También adelantó que el Consejo aprobará mañana el proyecto de ley de Vivienda, una norma que ha sido objeto de tensas negociaciones entre los dos socios.
Fueron las únicas, e indirectas, menciones de Sánchez a la crisis en la coalición durante la clausura del congreso del PSOE de Extremadura en Mérida.
En otras ocasiones los conflictos eran solventados con encuentros a solas entre el presidente y Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente. Ahora no se descarta una cita similar, pero fuentes gubernamentales señalaron que «en estos momentos» no está prevista sin descartar que se produzca. En el entorno de Yolanda Díaz también apuntaron que «por el momento» no hay nada en ese sentido en la agenda de la vicepresidenta.
La profundidad del conflicto se podrá comprobar en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto que negocian la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la líder de la formación morada, Ione Belarra. Se celebrará esta semana, pero aún no hay fecha. La petición por parte de Unidas Podemos de una «reunión urgente» de esta comisión fue la que afloró el pasado viernes el enfrentamiento por la negociación de la reforma laboral.
Un terreno en el que las espadas siguen en alto porque Díaz se niega a ceder la batuta en las conversaciones con empresarios y sindicatos a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como ordenó el presidente del Gobierno. Para esta semana está convocada una reunión con los agentes sociales, una más de las que se celebran desde marzo y en las que la representación gubernamental ha correspondido al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, número dos de Yolanda Díaz. Ahí se podrá comprobar si la vicepresidenta segunda conserva los galones o los asume la vicepresidenta primera.
No es un asunto menor porque una cara u otra determinará hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en la reforma laboral. Calviño es partidaria de una modificación moderada del mercado del trabajo en sintonía con los cánones de la Comisión Europea. Mientras que Díaz aboga por una revisión a fondo de la regulación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy como reclaman las centrales sindicales, Podemos y, también, amplios sectores en el PSOE.
Una diferenciación que Sánchez se niega a aceptar porque el Gobierno es uno. Rechaza ademas que las medidas con marchamo más a la izquierda sean patrimonio del socio minoritario. El PSOE, reivindicó en el congreso de Extremadura, es «el partido que ha logrado los avances sociales, las conquistas laborales, las libertades civiles y lo vamos a seguir haciendo; le pese a quien le pese, aquí está el PSOE».
En lo que sí coinciden socialistas y morados es que el enfrentamiento está limitado al ámbito de la reforma laboral, no a la cohabitación en el Consejo de Ministros. Sobre todo después de que el encontronazo por la querella contra la presidenta del Congreso lleva camino de desinflarse tras la salida de Alberto Rodríguez de Unidas Podemos después de quedarse sin escaño por la sentencia del Supremo.
Meritxell Batet contó con el respaldo sin fisuras del PSOE a su decisión de retirar las credenciales al parlamentario morado. Rodríguez, en cambio, se tuvo que conformar con el apoyo protocolario del que fue su partido hasta este sábado por una querella no compartida por diferentes familias de la formación confederal. El ya exdiputado canario acusó al PSOE de arrebatarle el escaño y anunció que llegará a los tribunales europeos.
El líder del PSC en el Parlament y próximo primer secretario del partido, Salvador Illa, afirmó ayer que los socialistas sabrán estar «a la altura de las circunstancias» para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2022, siempre que Esquerra, Junts y la CUP no logren alcanzar un acuerdo. «Lo lógico, lo normal, sería que la mayoría que dio la investidura al presidente Pere Aragonès consiguiera aprobar, o al menos presentar, una propuesta de Presupuestos», indicó, pero subrayó que Cataluña no puede quedarse sin cuentas para 2022. Así lo dijo durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, que formalizó ayer la convocatoria del congreso extraordinario para relevar al todavía líder del PSC, Miquel Iceta, y que se celebrará en Barcelona el fin de semana del 18 y 19 de diciembre.
Las negociaciones entre Esquerra y sus aliados independentistas no van por buen camino, sobre todo con la CUP, que liga su respaldo a los Presupuestos a un compromiso del Gobierno de Aragonès con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación antes de que acabe la legislatura en 2025. Las conversaciones presupuestarias con Junts, su socio en el Govern, están impregnadas por el permamente enfrentamiento entre ambas formaciones por cualquier asunto. Una confrontación que no permite avanzar hacia el acuerdo.
Aragonès y Esquerra, sin embargo, confían en reeditar la mayoria soberanista de la investidura para los Presupuestos del próximo año.
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