Sánchez defiende el pacto con ERC como paso a «la federalización» y va al choque con Page

El jefe del Ejecutivo –que llegó a augurar que el barón perderá su recurso ante el Constitucional contra la ley de amnistía– aprovechó su ya tradicional comparecencia estival para defender, entre otras cosas, que todas sus negociaciones con el independentismo han permitido hasta ahora avanzar hacia la «normalidad y el encuentro institucional» y que esta última, que ya asume como propia, también lo hará.

Sánchez no hizo nada por aclarar si da por buena la interpretación que los republicanos hacen del alcance de lo acordado, de sus garantías y de cómo se sustanciará. Hasta ahora, la dirección socialista y el Ejecutivo han evitado entrar a matizar a sus socios con el argumento de que deben «respetar» sus plazos. Es un modo de asumir que cualquier matiz que planteen podría perjudicar el ansiado objetivo de que la militancia de Esquerra, enormemente dividida y en ebullición, avale este viernes que Illa sea el próximo presidente de la Generalitat.

Ni siquiera en la reunión de la ejecutiva del PSOE, convocada de urgencia el martes para aprobar una resolución que permitiera escenificar un cierre de filas ante el previsible ruido interno, hubo demasiadas explicaciones o detalles por parte de Sánchez o de su número dos, la también ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según fuentes del encuentro, lo que hicieron fue pedir paciencia hasta este sábado.

El coste de ese intento de preservar algo que consideran tan valioso como delicado –las posibilidades de situar a Illa al frente de Cataluña para consolidar el relato de que se ha conseguido acabar con el 'procés'– no es menor. La inquietud se ha extendido entre muchos dirigentes y cuadros regionales, que creen que la fórmula defendida por ERC, y planteada en el documento pactado, privilegia a una comunidad sobre el resto, rompe con la idea de que no pagan los territorios sino las personas y tendría efectos sobre la redistribución de la riqueza, por lo que impactará en la cohesión social y territorial.

Además de Page, el más rotundo, y del secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, también muy crítico con todas las cesiones a los secesionistas, en las últimas horas otros líderes territoriales como el madrileño, Juan Lobato, o el castellanoleonés, Luis Tudanca, han dejado claro que la idea que los republicanos han logrado plasmar en el preacuerdo de investidura no les gusta. En privado, son más las personas que, en Extremadura, Galicia, Andalucía o Asturias expresan también sus recelos.

Sánchez obvió ese marco para convertir cualquier censura en parte de la estrategia de una oposición desaforada que aún no asume su derrota. «Si Aznar cede el 30% del IRPF a Cataluña es por la unidad de España. Si lo hacemos nosotros, España se rompe. Hombre, yo así también juego», dijo. «El señor Feijóo fue un visionario defendiendo en 2016 un concierto económico para Cataluña, no dijo ni siquiera 'solidario'. Y ahora en cambio es un golpe de Estado fiscal, como fue golpe de Estado también la amnistía», añadió.

El presidente no negó que lo pactado vaya a suponer un cambio radical del modelo en vigor. «Que estamos dando un paso hacia la federalización del estado autonómico es incuestionable», afirmó. Pero defendió que hay que asumir ese cambio con normalidad. De cumplirse lo pactado, Cataluña, una de las comunidades más ricas de España (por sí sola representa casi una cuarta del PIB), se desenchufará en un plazo temporal no muy extenso –cinco años, según ERC– del sistema de financiación que rige para el conjunto de las autonomías excepto el País Vasco y Navarra. Sin embargo, Sánchez alegó que la ley ya contempla «regímenes especiales», por ejemplo, para Baleares o Canarias, aunque estos no implican una ruptura del sistema.

En su intervención reiteró además los mismos argumentos que ya expuso la víspera en Mallorca tras el despacho estival con el Rey. Esgrimió que cuál sea el sistema de financiación en aplicación es menos importante que quién esté en el Gobierno, porque con el mismo modelo se han fortalecido los servicios públicos bajo su mandato o se han «desmantelado» bajo los del PP. Y remarcó que el pacto habla también de «solidaridad interterritorial», de «igualdad y de «calidad de los servicios públicos en todo el territorio», por lo que lo defenderá «con pasión» porque es «magnífico». «Lo que nadie puede ocultar es que hoy Cataluña y España están mejor que en 2017 y ya garantizo que estarán mejor en 2028 respecto 2024», auguró frente a las dudas sobre la legislatura.