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No tiene mayoría para seguir gobernado». El PP no se cansa de repetir que Pedro Sánchez no cuenta con apoyos para tomar decisiones y aprovecha ... la mínima oportunidad que le ofrecen la aritmética parlamentaria y, sobre todo, los tacticismos de Junts para intentar demostrarlo; aunque sea a costa de tumbar una ley ya consensuada, como hizo este jueves con la norma que iba a crear la Agencia Estatal de Salud Pública, en un pleno en el que los socialistas tuvieron que ver además cómo su socio de coalición reclamaba la salida de España de la OTAN. Sacar iniciativas adelante es cada vez más complicado. En lo que va de año solo se han aprobado tres leyes. Pero el presidente del Ejecutivo no tiene la más mínima intención de darse por aludido. Y menos, de convocar elecciones.
Aunque en privado ya asume que tampoco este año habrá Presupuestos, en público Sánchez mantiene la ficción de que sigue «trabajando» con los grupos parlamentarios y desde su entorno vuelven a mover la fecha que se marcan como límite para presentarlos. Ahora es mayo. Lo cierto es que fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que, después de seis meses, ni siquiera ha sido posible cerrar con el partido de Carles Puigdemont un acuerdo para volver a llevar a la Cámara baja la senda de estabilidad (paso previo a las Cuentas), que el presidente dio orden de retirar del pleno en septiembre ante la evidencia de que, por segunda vez, se la echarían atrás. Entonces, se arguyó que la votación se posponía porque había mimbres para el pacto aunque hiciera falta negociar un poco más.
No es Junts, en todo caso, el único problema. Podemos, en competición fiera con el socio minoritario de la coalición gubernamental, llegó a celebrar en octubre una votación entre sus bases para blindar unas condiciones imposibles a cambio de su apoyo a la norma presupuestaria: la ruptura de toda relación con Israel y una bajada del precio de los alquileres del 40%. Y también el líder de ERC, Oriol Junqueras, enfrió esta semana el respaldo de su formación para las Cuentas de 2025 e incluso para las de 2026.
El rechazo de los socios de la izquierda al aumento del gasto en defensa, que Sánchez ha comprometido ante la UE y debería plasmarse en esa ley, no ha sido más que la puntilla a un proyecto que ya estaba moribundo. Pero el Gobierno niega que la imposibilidad de pactar unos Presupuestos signifique parálisis y presume de haber aprobado ya 28 leyes esta legislatura.
No miente. Sin embargo, es cierto que también ha tenido que guardar muchos textos en el cajón. Los socialistas ya saben que no tienen votos para su 'ley Begoña', la que pretende limitar la acción popular ante los tribunales. Tampoco para el impuesto al diésel que demanda Bruselas y del que depende un desembolso de 8.000 millones de euros. Con Junts logró aprobar parte del decreto ómnibus (la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales) previamente tumbado, pero la otra parte la ha ido diseminando en proyectos de ley de futuro incierto. Y en Hacienda reconocen, por ejemplo, que tienen dificultades para atar apoyos al 'plan moves' y los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas.
La reforma de la 'ley mordaza' es otro asunto atragantado. Y está por ver que su acuerdo con Puigdemont para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat vea la luz porque las izquierdas lo rechazan por «xenófobo». Sánchez, sin embargo, apela una y otra vez al crecimiento económico y la creación de empleo como muestra de que el país va «como un cohete» y de que la complejidad política no pasa factura.
Ahora, la coyuntura geopolítica, con la UE embarcada en un plan de emergencia para ganar autonomía estratégica frente a la amenaza rusa y a los Estados Unidos de Donald Trump, se ha convertido en un nuevo argumento para rechazar un adelanto electoral como el que él mismo entendió que estaba obligado a plantear en 2019, cuando el PDeCat y ERC presentaron sendas enmiendas de totalidad a sus Cuentas. «Lo que necesitamos es estabilidad, seguir haciendo una política económica que está sentando bien a la economía, al empleo y, desde luego, también a Europa», alegó Sánchez el jueves por la noche desde Bruselas.
Los socialistas sostienen que los Presupuestos en vigor, los de 2023, fueron expansivos y que tienen la virtud de tener «acoplados» los fondos europeos. Varios ministros argumentan que incluso se podría aguantar toda la legislatura con ellos, una anomalía en la democracia española. También descartan que las discrepancias surgidas en la coalición gubernamental con Sumar puedan tener alcance práctico. Desde luego no, dicen, en lo que respecta a los compromisos europeos. «En el fondo, en lo que está pasando, estamos de acuerdo todos menos Vox. Todos somos pro Ucrania. El resto –aducen en Moncloa– es teatro».
Hay quien admite que en los últimos meses la relación personal de Yolanda Díaz con algunos miembros del Ejecutivo – especialmente con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con la que mantiene abierto el conflicto a cara de perro por la tributación del SMI, y con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por la reducción de la jornada laboral– se ha podido resentir. Pero ambas partes insisten en que no habrá ruptura. Ninguno de los dos se lo puede permitir. Sumar está en horas bajas y todos los sondeos apuntan a que ,en caso de elecciones, los números ya no darían para formar Gobierno.
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