Sánchez congela la legislatura bajo una olla a presión por las exigencias económicas

La última advertencia de esta gota malaya que golpea a Sánchez sobre sus espaldas ha llegado de la mano de ERC. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, avisaba de que si Cataluña no tenía una financiación a la carta (similar al País Vasco), haría caer al Gobierno.

Pero la exigencia de ERC, y Junts, para lograr que Cataluña recaude todos los impuestos (IRPF, IVA, etc.) es demasiado complejo de cuadrar. Esta comunidad representa una quinta parte del PIB español y cualquier decisión retraería recursos al resto de comunidades. Tanto las del PP, en pie de guerra, como las del PSOE, que se verían afectadas por una decisión harto complicada.

Además, el Ejecutivo tiene que materializar la promesa –rubricada en el pacto de investidura– de perdonar los 15.000 millones de deuda que Cataluña mantiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que se creó en la gran recesión para evitar la quiebra regional. El problema para Sánchez no es tanto esa condonación, sino que detrás de Cataluña ya se encuentran llamando a la puerta el resto de comunidades pidiendo su parte. Se trata de más de 190.000 millones que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se ha encargado de aclarar: habrá que ir viendo qué sistema se calcula y cuánto se perdona a cada una. Porque no es posible el 'café para todos'.

A Sánchez solo le faltaban las exigencias europeas para tener un panorama financiero aún más complicado que el que le piden sus socios. La semana pasada, Bruselas publicaba un informe sobre el impacto del envejecimiento en el que apuntaba que España deberá llevar a cabo un ajuste del 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual en las pensiones entre 2026 y 2030, lo que supone unos 11.700 millones de euros al año. Un ajuste que podría empezar ya en 2025, cuando se produzca la evaluación de la reforma de las pensiones pactada con Bruselas y que se lleva por delante las proyecciones elaboradas hasta ahora.

La cuestión de las pensiones no es baladí, porque el pago de prestaciones se come más de un 40% del Presupuesto General del Estado en cada año. Y ahí es donde llega el asunto económico mollar para Sánchez: la necesidad de activar unas cuentas públicas que ahora se encuentran prorrogadas. Aunque la intención del presidente pasaba por contar con unas nuevas Cuentas Públicas para este año –así se había vanagloriado frente a los últimos ejercicios de Mariano Rajoy–, finalmente el Ejecutivo desistió de esta idea ante la convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña. Ahora todas las miradas se encuentran en los Presupuestos para 2025; un proyecto que deberá presentar antes del 30 de septiembre, pero cuya negociación depende de una variable: aunar el abanico de posturas y peticiones que le van a llegar.

Más aún cuando Bruselas vuelve a aparecer en el camino. A partir del 1 de enero entran en vigor las nuevas reglas fiscales, tras cinco ejercicios de flexibilidades. España tendrá que apretarse el cinturón y, en mayor o menor medida, deberá hacerlo en unos 10.000 millones de euros cada año, como le recuerda la Autoridad Fiscal (AIReF). Es decir, el Gobierno tendrá que decidir de dónde quita dinero y a qué partidas se lo da. Un reto de dimensiones tan colosales como el de lograr los 176 votos para sacar adelante un presupuesto en el que cada escaño vale un tesoro.