Sánchez no concreta su «regeneración democrática» con el Congreso a medio gas

El calendario legislativo de la Cámara baja cuenta con reglas muy concretas durante las campañas electorales. La Cámara baja tiene, por tanto, señalados como hábiles los martes, miércoles y jueves que van del 21 al 23 de mayo, del 28 al 30 de dicho mes y con una vuelta a la normalidad el 11 de junio. Todo ello, con la incógnita de si la presidenta del órgano, Francina Armengol, habilitará, a petición del Gobierno, el mes de julio, que suele estar reservado a las vacaciones. Ya ha ocurrido en los últimos años, albergando en época estival sesiones maratonianas para prorrogar las medidas para hacer frente a la crisis en Ucrania.Sin embargo, no está claro que eso vaya a suceder este verano. Con todo, a priori el Gobierno dispondrá de un puñado de sesiones para una tramitación que requiere de una amplia negociación con los grupos parlamentarios, lo que prácticamente relega cualquier medida al otoño.

Además de la falta de plenos antes de las vacaciones, las Cortes se disponen a dar luz verde a una de las normas que han marcado la legislatura, la ley de amnistía, que reivindica su lugar frente a otras iniciativas. Actualmente, y tras ser aprobada a mediados de marzo por el Congreso, la norma está pendiente del previsible rechazo de la Cámara alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta y permitirá dar luz verde a las enmiendas a la totalidad del texto. Pero ese veto a la medida de gracia en el Senado no tendrá efectos prácticos, más allá de retrasar su publicación en el BOE, pues la proposición regresará a continuación a la Cámara baja, donde volverá a debatirse y votarse en el pleno. Algo que podría producirse a finales de este mes, antes de que empiece la campaña de las europeas o, si no da tiempo, a partir del 9 de junio.

El apretado calendario y la falta de concreción del presidente choca con las prisas de los aliados de Gobierno y de investidura, que piden al dirigente socialista «pasar a la acción». Tanto Sumar como Podemos reabrieron la semana pasada el debate sobre las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces y esperan que el PSOE se una a esta corriente y abandone la idea de intentar reformarlo de la mano del PP.

De hecho, los de Ione Belarra se adelantaron el martes pasado al resto de grupos que comparten esta estrategia y registraron una Proposición de Ley que resta peso al Senado en la elección de los vocales del CGPJ respecto al actual sistema, que otorga a la Cámara alta la facultad de elegir a ocho, mientras que a los otros doce los elige el Congreso.

De ese modo, y según la propuesta de Podemos, el Congreso elegiría a 16 vocales del organismo, doce del turno judicial y otros cuatro de juristas de reconocido prestigio, mientras que al Senado le correspondería seleccionar a los otros cuatro restantes. Una idea que en el partido de Yolanda Díaz, a priori, no ven con malos ojos mientras mantienen un debate interno sobre la cuestión.

Desde Sumar reconocen que existe «pesimismo» en la coalición por la falta de iniciativa gubernamental y ya ponen deberes a Sánchez para que su decisión suponga un punto de inflexión. «El gesto del presidente ha sido un gesto de excepción que ha generado debate, pero no se puede volver sin hacer nada», señalan fuentes del grupo parlamentario.

Pero la parálisis legislativa que no depende solo del calendario parlamentario.La decisión de Sánchez de prorrogar los Presupuestos de 2023 –tras el final abrupto de la legislatura catalana– dejó en barbecho muchas de las medidas sociales que Díaz y los suyos esperaban sacar adelante durante este ciclo electoral. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.