Sánchez y Aragonès allanan el pacto por Illa pero aún chocan en la soberanía fiscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat en Barcelona para oficializar que las conversaciones entre socialistas y republicanos para la elección de Illa han entrado en su fase final. Hacía más de medio año que no se veían cara a cara. El encuentro de ayer (Sánchez estuvo acompañado por el ministro Félix Bolaños y la ministra Elma Saiz) sirvió para escenificar el cumplimiento de los acuerdos previos necesarios que había reclamado Esquerra para poder entrar de lleno en el nudo gordiano del posible pacto entre socialistas y Esquerra: la financiación de Cataluña.

Es decir, cita al más alto nivel, como la que había solicitado la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para tratar de desencallar la negociación. Sánchez accedió al encuentro y dio todo el protagonismo a Esquerra, con la consiguiente revuelta de Junts tumbando la víspera en el Congreso el techo del gasto de los Presupuestos y la reforma de la ley de extranjería. Lo que sí evitó el líder del PSOE fue verse con Rovira y priorizó un encuentro «institucional» de Gobierno a Govern de más o menos una hora. Más tarde, estuvo dos horas con Illa.

Esquerra ha puesto el foco en que el PSOE cumpla, antes de cerrar un posible acuerdo, los compromisos adquiridos para la investidura de Sánchez. En esta línea, el PSOE y ERC han pactado estos últimos días la transferencia de recursos para Cercanías de Cataluña, investigación y becas por un importe de 1.500 millones. El traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital se firmó ayer y aún falta, de la lista de ERC, la quita de 15.000 millones de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

No obstante, todos estos requisitos son previos, son 'la carpeta cero', según Esquerra. La clave pasa por la financiación y ERC exige avanzar hacia la soberanía fiscal y salir del régimen común de las autonomías, mientras rechaza la creación de un consorcio fiscal formado por la Generalitat y el Estado, una opción que pusieron encima de la mesa los socialistas y que ya está en el Estatuto. Los de Junqueras y Rovira defiende un concierto económico, una agencia tributaria propia catalana que no esté consorciada con el Estado y que recaude el 100% de los impuestos. «Cuando tengamos el acuerdo será la dirección de ERC y su militancia quienes tendremos que decidir si el paso que se da es importante. El criterio que valoraremos es que implique para Cataluña más soberanía fiscal», según afirmó ayer Marta Rovira en El Periódico.

ERC quiere escenificar que ha sabido vender caro su apoyo a Illa y necesita trasladar a sus bases que los socialistas son fiables. Necesita quitarse el sambenito que le ha colgado Junts de que no sabe negociar y que respalda investiduras gratis. Y tiene que convencer a su militancia. En su comunicado conjunto, la Moncloa y el Palau de la Generalitat se comprometieron a «culminar» los acuerdos pendientes entre las dos administraciones, tras abordar «la situación política general y otros asuntos de interés común».

Unos 8.700 militantes de Esquerra tendrán en su mano la investidura de Illa. Las bases están indignadas con la dirección del partido por la guerra interna por el control de la formación, por las últimas derrotas electorales y por cómo ha gestionado la cúpula el escándalo de los carteles ofensivos contra los Maragall, que partieron del propio partido. Ayer trascendió, para echar más leña al fuego, que un muñeco que apareció colgado de un puente en Sant Vicenç del Horts, en 2019, con la frase «Junqueras, púdrete en la cárcel» y el rostro del dirigente secesionista también surgió de la propia formación republicana.

Además de la consulta a la militancia, el otro factor de riesgo para Illa es Carles Puigdemont. Amenazó con castigar al Gobierno si el PSC y ERC pactaban la investidura y ya está materializando esa amenaza en el Congreso. Este sábado hará una demostración de fuerza en Francia y sigue esgrimiendo su posible regreso para reventar la investidura.