Sánchez juega con la baza de llamar a Puigdemont con su investidura aún lejos

Con el reloj en marcha y las conversaciones abiertas de par en par, el candidato del PSOE entiende que todo puede cambiar y prefirió medir sus palabras ante la posibilidad de mantener un contacto directo con Puigdemont, huido de la justicia desde 2017, antes que quedar atrapado por ellas. Sánchez circunscribió las reuniones para su investidura a los grupos parlamentarios pese a que Junqueras no es diputado ni portavoz de ERC en la Cámara baja. «Estamos en plena negociación. Yo me reúno y hablo con los grupos», afirmó durante su conversación informal con los periodistas en la recepción del 12-O en el Palacio Real.

Después de semanas con los republicanos fuera de foco por el protagonismo indudable que las urnas otorgaron el 23-J a Junts para su reelección, el líder socialista buscó el miércoles devolverles el protagonismo y telefoneó personalmente al líder de ERC, indultado de las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo por su implicación en el 'procés' y con quien llevaba años sin hablar, al menos que se sepa públicamente. Un gesto «coherente», a ojos de Sánchez, con el que quiso reconocer el trabajo de la formación independentista en los últimos cinco años; primero apoyándole en la moción de censura, luego facilitando su investidura con una decisiva abstención en enero de 2020 y más tarde colaborando con el Gobierno de coalición, al respaldar todos sus Presupuestos y votar a favor de leyes clave de la legislatura. «Hay una base de trabajo y conversación», justificó el presidente el paso dado, marcando así una diferencia con Junts, que no ha jugado ese papel de socio preferente.

En el entorno de Sánchez inciden en que la negociación, que tiene la amnistía a los encausados del 'procés' como eje central, es «compleja» aunque, insisten, «va en la dirección adecuada» y se está avanzando «paso a paso» con el objetivo de evitar una repetición electoral el 14 de enero. En el Gobierno confían en que haya pacto pero la dificultad de encajar las peticiones de ERC y Junts, que aún no han virado –la expresión es de un miembro del Ejecutivo– intentando rentabilizar al máximo ante sus respectivos electorados una eventual investidura del líder del PSOE, y la decisión de Sánchez de querer cerrar un acuerdo que garantice estabilidad para toda la legislatura hacen que hoy por hoy esté aún lejos de cerrarse. «Necesita su tiempo», reconocen estas mismas fuentes.

Los socialistas evitan aclarar ahora si el acuerdo con los secesionistas será posible antes de que acabe el mes, como dejaron entrever estas semanas atrás –la impresión general es que la negociación se irá a noviembre–, o si Sánchez tendrá que apurar el plazo para obtener la confianza del Congreso como sucedió en 2017 con Mariano Rajoy, que fue investido presidente a unas horas de que el suyo finalizase. Lo que sí descartan en el PSOE es ponerle fecha a la investidura para presionar a sus posibles socios mientras tratan de amarrar los apoyos contra el reloj.

Hasta el momento el jefe del Ejecutivo ha andado con pies de plomo a la hora de dar pasos en público que lo comprometan con la amnistía sobre la que su equipo está conversando con los independentistas catalanes. La eventual norma centró ayer la mayoría de los corrillos del Palacio Real sin que Sánchez ni ninguno de los ministros presentes en la recepción se saliera del carril y diese algún detalle sobre la propuesta en la que están trabajando. El presidente se limitó a reconocer que su partido, al igual que otros grupos parlamentarios como Sumar, ERC, Junts y el PNV, «tiene su opinión y su posición» para que se apruebe una medida de gracia para los encausados por el 'procés'. Pero reiteró que «cuando tengamos que exponer nuestra posición y explicarla, lo haremos». Y eso, en ningún caso, será antes de que el acuerdo con los independentistas catalanes que ambiciona para toda la legislatura –a lo que los republicanos ya avanzaron que se niegan–esté cerrado, por si las cosas se tuercen y se vea abocado a una repetición electoral.

La amenaza para el candidato socialista –que ayer quiso revestir de legitimidad la eventual amnistía subrayando los apoyos que suscita– es ser reelegido a cambio de aprobar una medida de gracia que ha puesto en pie de guerra a la oposición y que levanta ampollas en su propio partido y que, después, republicanos y posconvergentes le retiren su apoyo dinamitando la legislatura.