Sánchez cierra el paso a los planes de desescalada de los presidentes autonómicos

La desescalada provoca tensiones en todos los países europeos con mayor incidencia de la pandemia. La alemana Angela Merkel tiene enfrente a los presidentes de los länder, el francés Emmanuel Macron, a los alcaldes, y el italiano Giuseppe Conte, a los gobernadores. Las administraciones territoriales, acuciadas por las presiones económicas internas, quieren ir más deprisa que la central en el levantamiento de las restricciones y trasladan las tensiones que sufren en sus ámbitos de actuación a los gobiernos nacionales. Sánchez no es una excepción. La estrategia de coordinación adoptada en España es un híbrido entre el modelo federal de Alemania y el centralismo de Francia, y ese modelo crea dificultades añadidas la gestión de la crisis.

El Estado de las Autonomías soporta con la Covid-19 el mayor grado de estrés desde su instauración hace cuatro décadas. Las tiranteces son superiores con Cataluña y el País Vasco, las comunidades con el mayor umbral de autogobierno y gobernadas por fuerzas nacionalistas. Pero no habrá tratos de excepción ni «reinos de taifas». El «café para todos», aplicado en los años ochenta por el entonces ministro Manuel Clavero Arévalo, será más doctrina que nunca.

Lo que no quiere decir, apuntan en la Moncloa, que la relajación del estado de alarma vaya a ser igual en todos los territorios. «Unidad no es uniformidad», suele decir Sánchez. Solo que las diferencias en esta ocasión se establecerán por criterios sanitarios y no por singularidades históricas o políticas.

El Estado, además, recuerdan fuentes gubernamentales, tiene resortes legales para hacer cumplir sus criterios. Desde el empleo de medidas coercitivas legales y constitucionales hasta de orden público. Pero son recursos indeseados y de última instancia, que el Gobierno no se plantea activar. Recuerdan estas fuentes que, pese al ruido declarativo previo, en las conferencias de presidentes se suavizan las tensiones y ningún gobernante se ha desmarcado, hasta ahora, de las instrucciones del «mando único» establecido en el decreto del estado de alarma.

Sánchez está empeñado en que esta unidad de acción se mantenga a pesar de que el malestar autonómico con algunas de sus medidas es indudable, sobre todo por su unilateralidad, y crece en la misma medida que las cifras del impacto de la pandemia decrecen. El Gobierno está dispuesto a establecer mecanismos de coordinación con las comunidades para atemperar el confinamiento y recuperar la actividad económica, pero no hay margen para las estrategias unilaterales. Cualquier cambio deberá contar con la luz verde del Ministerio de Sanidad, y el momento de la desescalada aún ni ha llegado. «Estamos –afirman en Sanidad– en una fase de transición hacia la nueva normalidad».

El Gobierno no pone en cuestión los planes que ya han elaborado los gobiernos autonómicos; unas propuestas, por otra parte, elaboradas por su cuenta y riesgo porque en Sanidad nadie las ha pedido. Algunas comunidades, como Canarias, pretenden poner en marcha desde este lunes las medidas de relajación, pero no va a ser así. El momento llegará a partir del 10 de mayo, una vez que culmine esta tercera prórroga del estado de alarma.

Entonces, se estudiará y empezará por comarcas, municipios o islas que muestren un nivel bajo o nulo de propagación del virus SARS-Cov-2 y tengan capacidad de respuesta sanitaria a una segunda oleada de la epidemia. Podrán relajarse al mismo tiempo en zonas de Canarias o del País Vasco, de Galicia o de Murcia. El criterio, no se cansa de decir el Gobierno, será sanitario, no autonómico.

En la Moncloa dicen entender las razones de las comunidades para apretar el acelerador, por ejemplo el peso económico del turismo en Canarias, Andalucía o Murcia, tres de las que más presionan por el alivio de las restricciones, pero no va a haber excepciones al cumplimiento de los requisitos. «Hay que huir de la euforia», advierten en Sanidad.