Sánchez bate todos los récords de decretos-ley de la democracia

Según Civio, desde que Pedro Sánchez llegó al poder se están aprobando una media de 918 páginas decretos-leyes cada año. Un volumen que es 14 veces superior a las 63 página por año de las legislaturas de José María Aznar (1996-2004), ocho veces a la época en Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) cuando se emitieron una media de 115 páginas anuales de decretos, y prácticamente el triple de los 333 folios anuales de decretos que se firmaron durante la presidencia de Mariano Rajoy (2011-2018).

Los expertos de la fundación ponen el acento en que los ejecutivos de José María Aznar (15 al año), José Luís Rodríguez Zapatero (14) y Mariano Rajoy (17) aprobaron casi el mismo número, pero la diferencia entre ellos es que el número de páginas se ha ido multiplicando, llegando a récords sin parangón con Sánchez, que en 2020, el primer año de la pandemia, llegó a aprobar 39 decretos ley que sumaron 1.335 páginas.

El estudio reconoce que, obviamente, la situación excepcional provocada por la crisis mundial por la covid puede explicar el uso intensivo de esta forma de legislar al margen del Parlamento (de hecho en el primer año de pandemia solo salieron del Congreso 14 leyes). Incluso, admiten los expertos de Civio, la actual crisis inflacionista podría justificar en parte que este exceso de decretos continuara en la actualidad. Pero la fundación desvela que la afición de Sánchez a gobernar sin el visto bueno previo del Parlamento viene de antes. Nada más llegar a Moncloa, sin crisis económica, sin guerras en Europa y sin virus, el actual presidente sumó en los últimos seis meses de 2018 un total de 594 páginas en 24 normas, frente a los cuatro decretos y 67 páginas en total del primer semestre de ese año, cuando aun gobernaba Rajoy antes de perder la moción de censura.

De hecho, el récord absoluto de extensión de un decreto en democracia, también del Gobierno de Pedro Sánchez es anterior a la pandemia. Fue el 5 de febrero de 2020. Entonces el Gobierno aprobó un decreto ley de 252 páginas para transponer seis directivas europeas y, de paso, relajar las reglas de los contratos públicos.

El actual presidente del Gobierno es especialmente aficionado a esos megadecretos en los que se incluyen todo tipo de materias de lo más dispares. Así, de los cinco decretos ley aprobados desde 1996 que superan el centenar de páginas, cuatro llevan la firma del gobierno actual. El pasado marzo y a cuenta de la guerra de Ucrania y sus repercusiones económicas–recuerda Civio- el Gobierno alumbró un texto de 160 páginas con el que se modificaron 39 normas de muy diferente naturaleza.

El estudio alerta de forma particular del abuso de esos megadecretos con popurrí de materias porque el Congreso está obligado a ratificarlos en bloque. Al contrario que la tramitación de las leyes, en las que se pueden presentar enmiendas a artículos concretos, estas normas se convalidan por el Congreso de una sola vez.

La propia Constitución considera a los decretos como una forma de legislar excepcional, al calificarlos de «disposiciones legislativas provisionales». Por eso a los 30 días desde su publicación en el BOE, el Congreso tiene que convalidarlos para que sigan estando vigentes. Desde 1996, solo cuatro decretos han sido rechazados. Si no se hubieran usado tantos megadecretos con mezclas de asuntos probablemente el número de normas no convalidadas hubiera sido mucho mayor.