Sánchez se entregará «en cuerpo y alma» a lograr su investidura con aval de Puigdemont

Sánchez, que reapareció en un acto de la CEOE tras varios días sin actividad pública por culpa de la covid, no se refirió expresamente al expresidente de la Generalitat ni pronunció la palabra amnistía, pero el apoyo de    la formación de Puigdemont, Junts per Catalunya, es indispensable para que su investidura    pueda llegar a buen puerto. Y este jueves los representantes de la fuerza independentista insistieron en que no habrá nada de qué hablar si no se aprueba una ley que implique el reconocimiento por parte del Estado de que los impulsores del 'procés' no cometieron delitos. Algo que, además, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró este viernes que ve posible tras sus contactos con los socialistas y con Sumar.

En un intento de apaciguar la inquietud ya exhibida por exdirigentes, exaltos cargos socialistas y por algunos (pocos) representantes institucionales aún en activo como el presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Sánchez prometió que la hoja de ruta que pretende desarrollar será «coherente con el cuerpo y letra de la Constitución», aunque las dudas planteadas por figuras como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui, Jordi Sevilla o el exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo van más allá de la viabilidad jurídica de una amnistía (unos creen que cabe en la Carta Magna y otros que no) y se refieren a su conveniencia o gravedad política.

A lo largo de la última semana, voces autorizadas del PSOE venían rebajando el optimismo sobre la posibilidad de un entendimiento con Junts y abriendo la puerta a una eventual e indeseada repetición electoral. Pero ese mensaje no ha servido por apaciguar las voces recelosas ante los pasos que parece estar dispuesto el jefe del Ejecutivo para    seguir gobernando. A ellas se unió este viernes, de hecho, la de la exvicesecretaria general del PSOE en los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba y exeuroparlamentaria, Elena Valenciano, quien recordó todos los esfuerzos realizados en el pasado por su formación para explicar en la UE que España es un Estado de derecho y que los encarcelados del 'procés' no lo eran por razones políticas sino porque habían cometido delitos.

Valenciano, hoy miembro del Consejo de Estado, defendió que el Ejecutivo trate de negociar «hasta el límite» para amarrar la investidura, pero mostró su disconformidad con que se otorgue a Puigdemont la condición de interlocutor válido y equiparó a Junts con Vox. «Son gente que pertenece a la derecha supremacista; estamos atados por los costados», lamentó. También expresó su pesar por la expulsión de Nicolás Redondo del partido, otro asunto que ha removido internamente a la formación y que algunos han interpretado como un aviso a navegantes para quien ose cuestionar la decisiones del líder.

La exnúmero dos del PSOE rechazó, por un lado, que se acuse a algunos de quienes han expresado estos días sus críticas «con seriedad y rigor» de hacer el juego al PP. Y, por otro, admitió que, aun sin conocer el expediente que ha provocado la expulsión del que fuera líder de los socialistas de Euskadi, distanciado del partido desde hace años, lamenta su salida. «Es mucho más que alguien que ahora es crítico; tiene una trayectoria que avala su lealtad a las siglas», defendió.

En una línea similar se pronunció también el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para argumentar que no se puede juzgar a nadie por sus últimas declaraciones. «En el haber pongo que fue secretario general del PSE en un tiempo en el que ETA mataba; vamos a balancear a ver qué pesa más», adujo. También advirtió de que mostrar preocupación por lo que pueda decir alguien como Redondo ofrece una imagen de debilidad. «Y si pareces débil, algunos, como el prófugo –apuntó en alusión a Puigdemont– se aprovechan».

En Ferraz hay malestar por este tipo de manifestaciones pero insisten en que las posiciones de los históricos son minoritarias y en que Sánchez cuenta con la confianza de los actuales dirigentes socialistas para alcanzar un acuerdo sobre cuyo contenido nada se avanza. El presidente en funciones se limitó este viernes a defender sus objetivos últimos. «Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, pero también con la sociedad civil, para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo, de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución Española», insistió. «Un proyecto conciliador, basado en la ciencia y en los valores, las necesidades y las aspiraciones de la mayoría social, que mirará a los próximos meses    y a las próximas décadas», añadió tras acusar a Feijóo de estar «más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya».