La agenda política española vuelve a apuntar al caballo de batalla perenne de los últimos cinco años, la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo hace con el futuro de la legislatura sin clarificar tras el ciclo electoral y con el ... PSOE y el PP enquistados en la pugna, escenificada este miércoles de nuevo con crudeza en el Congreso, por la que los socialistas reivindican su capacidad para desarrollar su programa en la Moncloa y los populares interpretan que ese mismo Ejecutivo está más amortizado si cabe tras el 9-J. El presidente Sánchez, que busca recuperar la iniciativa política después de siete meses de legislatura condicionados por la complejidad de sus pactos y la sucesión de citas en las urnas, anunció que si no hay acuerdo con el primer partido de la oposición antes de julio, el Gobierno y el Congreso «darán una respuesta». Un ultimátum a los populares que así lo interpretaron.
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El líder socialista, en un contexto marcado por la respuesta de jueces y fiscales a la amnistía y por las investigaciones abiertas a su mujer y a su hermano por presunta corrupción, no avanzó sus intenciones sobre el CGPJ en la Cámara baja. Las concretó en una entrevista en TVE a la que acudió una vez terminado su habitual duelo verbal con Alberto Núñez Feijóo y tras haber respondido a las urgencias planteadas por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián –que vienen a compartir el grueso de los socios del Ejecutivo–, raficándose en que promoverá el prometido paquete de medidas «para la regeneración democrática» antes del verano.
En plató, Sánchez anticipó que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está trabajando en una reforma legislativa para lograr lo que hasta ahora ha sido imposible por la falta de entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas del país: alcanzar la mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado que exige la ley para actualizar el órgano de gobierno de los jueces, con su mandato constitucional vencido desde hace un lustro por el desacuerdo entre los dos grandes partidos. Una vez conocido el requerimiento del presidente, Bolaños, recién operado de apendicitis, envió un mensaje para reunirse este viernes a su interlocutor en las filas de los populares, Esteban González Pons.
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El ultimátum unilateral de Sánchez fue acogido como un órdago inaceptable por el PP en los términos planteados. Tras ironizar con que el Ejecutivo les requiera cuando Sánchez les equiparó con «la ultraderecha» en el debate en el Congreso, los de Feijóo remitieron a media tarde una carta a la todavía número dos de la Comisión Europea, la comisaria de Valores y Transparencia Věra Jourová, para informarle del intento del presidente de «desestabilizar la negociación mantenida con el PP y con la supervisión del Gobierno comunitario» y solicitarle un encuentro a tres con carácter urgente. Una mediación europea que los populares arrancaron en diciembre al PSOE sin que arrojara acuerdo alguno mientras la ejerció el entonces comisario de Justicia, Didier Reynders. Bolaños recogió el guante y trasladó a Jourová su disposición a ese encuentro este mismo viernes en Madrid y, si no fuera posible, la próxima semana en Bruselas.
Hasta este miércoles, el Ejecutivo no había ofrecido detalles sobre el plan en manos del ministro Bolaños. Sánchez apuntó en su entrevista televisiva a una solución como la que ya hace meses sugirió el actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
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Defendió, así, que hay que eliminar el «incentivo perverso» que supone para no renovar el Consejo –ahora dominado por los conservadores y muy crítico, entre otras cosas, con la amnistía– la capacidad de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Pero no aclaró si la reforma legal que pretende poner en marcha se reducirá a esa rebaja de poderes del órgano, tras acusar una vez más al PP de incurrir en un «atropello» a la democracia.
El primer Gobierno del PSOE y Unidas Podemos planteó en su día reducir las mayorías requeridas en las cámaras para poder proceder a la renovación del órgano sin contar con el PP, pero los socialistas acabaron retirando la iniciativa a instancias de la UE. Este abril, Podemos registró una proposición de ley en solitario para que el Congreso pueda elegir a hasta 16 de los 20 vocales por mayoría absoluta en segunda vuelta si en la primera no se alcanzaran los tres quintos; y que quitaría peso al Senado, hoy en manos de los de Feijóo.
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Sánchez, que tras su amago de dimisión se presentó como víctima de 'lawfare', matizó ayer que confía en el Estado de derecho y que en su caso «no» se estaría produciendo, a través de las causas a su esposa y su hermano, la instrumentalización de la justicia para dañar al adversario político que sí volvió a asegurar que existe. Aun así, insistió en que la democracia debe dar respuesta a la «máquina del fango», de la que culpó de nuevo al PP y Vox y cuya «sede social» situó en el Ejecutivo de Ayuso.
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