Sánchez lanza la reforma de la sedición solo dos semanas después de romper con el PP

El anuncio, realizado por el jefe del Gobierno en su entrevista en La Sexta, llega justo después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmara en el Parlament que, antes del 31 de diciembre, los detractores de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat, entre los que están sus exsocios de Junts, podrían comprobar si realmente ha rendido o no frutos. ERC llevaba semanas alentando la idea de que en la próxima reunión de ese foro bilateral habría ya avances respecto a lo que insiste en llamar la «desjudicialización» del conflicto. Así que el órdago sonó a algún acuerdo con Sánchez.

La posibilidad de que el Ejecutivo tirara adelante con esa modificación del Código Penal –justificada en la supuesta necesidad de «homologar» la legislación española a la de las «democracias más avanzadas», pero ideada como una solución 'ad hoc' para desinflamar la situación política en Cataluña, apaciguar al secesionismo y beneficiar tanto a los dirigentes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo como a los que aún están pendientes de juicio (los huidos Carles Puigdemont o Marta Rovira)– llevaba más de dos años sobre la mesa como una oferta personal de Sánchez. Sin embargo, hasta el pasado julio ERC no había mostrado interés por el asunto. Apuntaba más alto, a una amnistía.

El runrún sobre la polémica modificación legal volvió a resurgir hace un mes durante la negociación de los Presupuestos. Y el temor a que, esta vez, el presidente del Gobierno se lanzara a la piscina fue la razón esgrimida por el PP hace dos semanas para romper las negociaciones, ya casi cerradas, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de cuatro años de bloqueo. «Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo», argumentó el primer partido de la oposición.

El jefe del Ejecutivo nunca negó sus intenciones. De hecho, el mismo día en el que Feijóo dio por rotas unas conversaciones en las que ambas partes llevaban sumergidas desde el 10 de octubre –tras la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes– dejó claro que no renunciaba a la reforma. Pero cada vez que a un miembro del Gobierno se le preguntaba por la cuestión, daba a entender que ahora no veían margen para impulsarla por falta de la necesaria mayoría parlamentaria. Eso es lo que, según el negociador popular, Esteban González Pons, siempre le dijo en privado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Sánchez justificó este paso en la necesidad de mejorar la convivencia. Aunque admitió que, como los indultos, pueda ser contestada, la catalogó de «valiente». «La pregunta es –adujo– qué es lo que queremos, la Cataluña y la España de 2022 o las de 2017. Y la respuesta es de cajón».