Sánchez afronta una negociación para ser investido que tensa el traje constitucional

El PSOE de Pedro Sánchez se afana en subrayar que el límite para sus alianzas es el respeto a la legalidad y el marco de convivencia definidos por la Carta Magna, al tiempo que intenta revertir el argumentario del PP de que Sánchez cederá para retener el poder reactivando sus críticas a Alberto Núñez Feijóo por incumplir el mandato de renovar el Consejo del Poder Judicial. Pero la amnistía que reclaman Junts y ERC para los encausados por el 'procés' y las exigencias de soberanistas e independentistas sobre la reconversión del modelo de Estado autonómico ponen un precio a la investidura que, incluso en su escala menos beligerante, ponen a prueba los márgenes constitucionales.

El desenlace de la negociación que ha permitido al PSOE y a las fuerzas «progresistas» mantener el control de la Mesa del Congreso, con Francina Armengol al frente, es citado por los protagonistas del pacto como el ejemplo a seguir para blindar la discreción de los contactos para la investidura de Sánchez una vez Feijóo fracase en su tentativa el 26 de septiembre. Pero el ambiente rezuma ruido con «las conversaciones» ya activadas y con cada actor sujeto a su propias necesidades, como ha quedado claro esta semana con la reactivación de la 'vía Urkullu' para la reforma territorial mientras el PNV trata de desasirse de las presiones para que dé una oportunidad a Feijóo y en plena liza electoral con EH Bildu.

La resucitada propuesta del lehendakari para una convención constitucional que reconozca la plurinacionalidad del Estado ha desdoblado el carril negociador, más focalizado en la amnistía que exige el independentismo catalán, para tratar de animar un cambio en el modelo de Estado para el que Urkullu aboga por soberanías compartidas y pactadas frente a la radicalidad del referéndum de autodeterminación del secesionismo al que, en todo caso, el imaginario peneuvista no renuncia. Pero esta vía, aun cuando el presidente vasco incida en que no requeriría actualizar la Constitución y el Gobierno y los socialistas la describan como «legítima» e incluso «constructiva» porque sigue lejos de la unilateralidad del 'procés', rebasa las actuales previsiones de la Carta Magna.

A la pregunta de si hay alguna novedad en la posición del Gobierno sobre las intenciones que Urkullu ya formalizó en 2018, un ministro zanja: «Ninguna». Y si bien Sánchez y los suyos han rescatado la imagen de la «España real, diversa y plural» que, a sus ojos, ha salido vencedora del 23-J como marca política para ir sembrando el terreno hacia una inédita investidura con el conjunto del soberanismo, la apelación a la Constitución no solo colisiona con las demandas del soberanismo aunque la pulsión rupturista se haya amortiguado en Cataluña; alternativas como las de Urkullu hacen mella en los siempre sensibles equilibrios autonómicos, mientras Feijóo abandera el discurso de la igualdad para hurgar en las posibles contradicciones internas del PSOE. Este sábado, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, cerró filas con Sánchez en el mitin de Málaga, pero avisó de que «el Título Octavo de la Constitución (el de la organización territorial del Estado) solo se entiende desde el artículo 14 (el de la igualdad de los españoles)».

El presidente y su ejecutiva tratan de embridar la diatriba pública sobre las exigencias del soberanismo mientras siguen alentando que la reelección será posible e, incluso, en una fecha tan próxima como la semana del 17 de octubre siempre que la investidura de Feijóo encalle. Lo que es tanto como confiar en que ERC, PNV y Bildu mantendrán su paraguas abierto para que Sánchez se cobije frente a la derecha –los de Otegi son los únicos que han comprometido su aval de saque– y en que será posible atraer el voto decisivo de Junts. Carles Puigdemont –«Muy en forma» en su refugio en Waterloo, describe un afín– concretará este martes sus exigencias para investir al dirigente socialista, que pasan hasta ahora por la amnistía general y el referéndum.

Ni Sánchez ni los suyos sostienen ya que la excepcional medida de gracias para todos los procesados por la intentona separatista de 2017sea inconstitucional; pero eso no evapora las dificultades jurídicas para intentar encajarla, al margen de sus obvias consecuencias políticas, dentro del perímetro de una Carta Magna que prohíbe en su artículo 62 un paso inferior, el de los indultos generales. Frente al protagonismo que persigue Sumar, que ha convocado a un grupo de expertos para explorar una salida, el PSOE ha convertido en tabú el uso mismo de la palabra amnistía para diluirla como una actuación más en la estrategia del reencuentro en Cataluña. «Junts está ante una oportunidad histórica de reintegrarse en la vida política, ahora está más fuera que dentro», subraya una voz de la ejecutiva socialista, confiada en que la investidura cristalizará sin cesiones inasumibles.