Sánchez afronta 24 horas críticas al fracasar su maniobra para frenar la crisis del espionaje

En un intento desesperado por salvar la situación, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, tomó este martes una decisión controvertida: rebajar de tres quintos (210 diputados) a 176 escaños la mayoría requerida para designar a los miembros de la comisión de secretos oficiales en la que el Ejecutivo pretende encauzar los recelos de sus aliados. El cambio, respaldado en la Mesa por el PSOE y Unidas Podemos, permitirá sortear el veto de PP, Vox y Ciudadanos a ERC y EH-Bildu. Y pudo forzarse porque el funcionamiento de esa comisión no viene recogido en el Reglamento del Congreso sino en una resolución de la presidencia de 2004.

Las prisas del PSOE para constituir en un tiempo récord, esta misma semana, el órgano que, en principio, tiene –con las salvedades impuestas por la ley– la potestad de controlar al CNI y al propio Gobierno en la gestión de los gastos reservados, sirvieron, sin embargo, de poco. A los afectados por el espionaje, y al resto de partidos del bloque de la investidura incluido Podemos, no les basta con lo que pueda contarles la responsable de los servicios de inteligencia. Quieren una comisión de investigación.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó esa opción con el argumento de que solo en la comisión de secretos oficiales los grupos podrán tener acceso a información sensible. En realidad, el Gobierno puede autorizar a que los miembros de una comisión de investigación conozcan documentos del servicio secreto siempre que lo solicite la Cámara y se comprometan a no hacerlos público. Ocurrió, por ejemplo, en la comisión sobre los atentados del 11-M.

Ceder a la exigencia de sus socios en ese terreno, no obstante, implicaría tener abierto en canal el problema durante meses y poner en el disparadero el trabajo de una organización que por naturaleza debe ser opaca. «Es importante subrayar que los servicios de inteligencia, en las democracias, sirven para proteger vidas y garantizar la seguridad de los ciudadanos, que lo hacen todos los días y lo hacen en silencio, que así debe ser y que así debe continuar», adujo el ministro.

La posición del Gobierno es extremadamente compleja. Tras varios días sopesando cómo responder a la indignación de sus principales aliados parlamentarios, desde que hace diez días estalló la polémica, Bolaños se reunió el domingo con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y le ofreció una investigación interna en el CNI, desclasificar documentos, el desbloqueo de la comisión de secretos y colaboración tanto con la Justicia como con el Defensor del Pueblo. Nada de eso satisfizo a los independentistas, que han ido elevando el listón de sus demandas y critican el silencio de Pedro Sánchez. Quieren ceses y algunos –Podemos, Más País y ERC– apuntan ya a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Este martes, la Generalitat congeló, además, toda relación institucional con el Ejecutivo.

Es difícil que el Gobierno vaya más lejos de lo que ya ha ido y fuerce dimisiones porque sería tanto como reconocer que ha habido escuchas ilegales, algo que niega. «Tenemos la conciencia muy tranquila», insistió Bolaños. Sus esperanzas parecen estar puestas en que ERC y Bildu asuman que no pueden tumbar el plan anticrisis, que recoge ayudas importantes para hacer frente a la inflación. Pero eso, que está por ver, no acabaría con el problema. Sánchez, en todo caso, remitió en el Senado a su intervención en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Será la primera vez que hable de esta crisis.

El real decreto de medidas económicas aún puede salir adelante sin los independentistas con una abstención o un sí del PP. Pero el Ejecutivo no ha hecho gesto alguno para obtenerlo. Y este miércoles volvió a lanzar el mensaje de que no incorporará ninguna de las propuestas remitidas por Alberto Núñez Feijóo para mitigar el daño causado por el alza de los precios. De hecho, así como ya ha habido un contacto entre Bolaños y Esteban González Pons para hablar de la renovación del CGPJ, no lo ha habido entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Juan Bravo, responsable económico del PP. Ser salvado por la oposición del abandono de sus aliados de investidura también lanzaría un mensaje de debilidad.