Sánchez se enfrenta a la crisis institucional más severa de los últimos gobiernos

Salvo alguna escaramuza, la cohabitación del Gobierno con el resto de las instituciones del Estado no ha dado pie en los últimos 40 años a grandes titulares. Pero la intensidad del enfrentamiento con la oposición, que ha colonizado todos los terrenos de la vida pública, y la primera experiencia de un Gobierno de coalición de izquierda ha envenenado esa convivencia. Lo más llamativo, por lo desacostumbrado, es el enrarecimiento de las relaciones con la Corona en un momento especialmente delicado para la Zarzuela por los negocios privados del rey emérito. Unas fricciones que además no son nuevas y cuyo exponente más sensible fue el viaje de Felipe VI y la reina Letizia a Cuba, que el Gobierno decidió que se efectuara al día siguiente de las elecciones generales del 10 de noviembre. La Moncloa alegó razones de agenda para justificar la fecha, pero el hecho fue que el jefe del Estado se enteró en La Habana que en España había un Gobierno de coalición. Aquello, más algún otro roce, como el de la cumbre mundial del clima en la que el Rey apenas tuvo protagonismo, enturbió la relación.

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar con la gestión de la Casa del Rey de las actividades financieras de Juan Carlos I y su posterior salida de España. En la Moncloa, pese a estar informada de casi todos los pasos, no gustó. Como tampoco satisfizo la llamada de Felipe VI al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tras la entrega de despachos de los nuevos jueces. Un acto en Barcelona al que el Rey no acudió por decisión «colegiada», según el Gobierno, entre la Moncloa y la Zarzuela.

Ese incidente agrió más las ya pésimas relaciones entre el Ejecutivo y el gobierno de la judicatura. La renovación de esa institución está bloqueada por el PP, pero el Consejo, aun en funciones, prosigue con los nombramientos en la carrera judicial, sobre todo en el Supremo, un tribunal con notable mayoría conservadora. La composición actual del gobierno de los jueces corresponde a otro momento político, al de la mayoría absoluta del PP tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, y sus nombramientos siguen esa estela. Algo que no debería de haber ocurrido si se hubiera producido la renovación de sus vocales a partir de diciembre de 2018, cuando concluyó el mandato de sus 21 vocales.

Si es tensa la relación con el gobierno de los jueces no le va a la zaga el clima en la carrera fiscal. La decisión de Pedro Sánchez de colocar al frente del Ministerio Público a la exministra Dolores Delgado estremeció las crujías de la institución. Pero fue la inopinada irrupción de su número dos, Luis Navajas, para denunciar presiones de fiscales de la derecha para que respaldara las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia la que afloró la sorda pugna que se libra puertas adentro.

La Fiscalía siempre ha sido motivo de controversia entre el Gobierno y la oposición porque su subrayada autonomía no deja de ser un ejercicio de inocencia, que el propio Sánchez se encargó de desbaratar en noviembre pasado con un sincero desliz durante una entrevista. Esa disputa siempre se había mantenido en los cauces de las reglas del juego porque el partido en la oposición sabía que se iba a comportar igual que el gobernante cuando llegase su urno. Ahora, en cambio, se exhiben los trapos sucios sin pudor.

La crisis también se ha propagado a las relaciones con los gobiernos autonómicos, sobre todo al de la Comunidad de Madrid. Ambas administraciones libran una batalla sin recato institucional a cuenta de las medidas para combatir la pandemia. La batalla sanitaria ha degenerado en batalla política con excusas epidemiológicas.

Este deterioro de las relaciones institucionales del Gobierno de se explica en buena medida por los decibelios que ha alcanzado la dialéctica entre el Gobierno y la oposición. Y donde no debería haber disputas por lo delicado del terreno , las hay. Por ejemplo, el Gobierno acusa al PP de patrimonializar la defensa de la Monarquía y los populares reprochan al Ejecutivo que no frene los ataques a la Corona. Unas lecturas de trazo grueso que también se dan con el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía o la Comunidad de Madrid. La prudencia institucional ha desaparecido.

También contribuye a este deterioro la existencia de una coalición gubernamental con voces diferenciadas y a veces enfrentadas. Unidas Podemos fogonea todos los conflictos, pero sobre todo el de la Monarquía. Con el incidente del Poder Judicial, el Rey y el Gobierno, los morados pusieron su punto de mira en la, a su juicio, falta de neutralidad de la Corona. Los socialistas, en cambio, colocaron el foco sobre Lesmes y su instrumentalización del Rey. Es normal, dicen en la Moncloa, porque se trata de un Gobierno de coalición y hay falta de costumbre para enjuiciar sus actuaciones.