Sánchez admite que ya no urge cambiar la ley pero no renuncia

El escenario que se abre tiene muchas ventajas para Sánchez. La magistrada progresista designada por el Consejo, María Luisa Segoviano, no era la persona elegida por el sector del órgano afín al Gobierno y su designación quizá ponga en riesgo el pretendido nombramiento de Cándido Conde Pumpido como presidente del TC, pero también propicia al jefe del Ejecutivo una paz política que es para él un bien preciado a pocos meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales, en las que quiere que prevalezca su acción social. Y se garantiza tener mayoría progresista en el Constitucional con la incorporación inmediata del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y la exasesora de Presidencia Laura Díaz, sin necesidad de esperar a tramitar por una vía aceptable para el TC su controvertida reforma.

De que el presidente sopesó los pros y los contras de la situación y fue él quien instó a los vocales progresistas a no repetir el voto de hace una semana y ceder a la propuesta del bloque conservador da muestra el alborozo exhibido por su entorno. «Desbloqueamos el TC y tenemos mayoría. El PP no se lo esperaba», se vanagloriaban. «La proposición ya ha surtido efecto –alegaban también respecto al texto ya puesto en barbecho–. Ahora tendrán que decidir los grupos parlamentarios si siguen adelante».

Entre el anuncio de que se negociaba con todo el bloque de investidura una proposición para rebajar las mayorías con las que el CGPJ elige a los magistrados del TC y el cambio de estrategia de Sánchez han mediado tres días festivos y el mensaje de Navidad en el que Felipe VI advirtió «contra la erosión de las instituciones». En el balance de fin de año que este mismo martes hizo en la Moncloa el presidente se le preguntó qué creía que podía hacer él para evitar esa erosión y su respuesta fue rotunda. «Nosotros nos sentimos reconocidos en palabras del Rey. Siempre he dicho que para el correcto funcionamiento de nuestra democracia es fundamental tener órganos renovados –alegó–. Esa pregunta, de verdad, quien tiene que responderla es el PP que es quien está fuera de la Constitución».

En el Gobierno defienden que con el movimiento de este martes se ha vuelto a poner de manifiesto el 'boicot' de los populares y exigen que accedan a desbloquear el CGPJ. «El Gobierno desea la normalización de las instituciones de nuestro país, que es por lo que lleva trabajando durante los últimos cuatro años», argumentaron. Alberto Núñez Feijóo suspendió cualquier conversación sobre el asunto cuando Sánchez confirmó que iba a reformar el Código Penal para beneficiar a los encausados del 'procés' y advirtió de que no se sentaría de nuevo si Sánchez no da marcha atrás.

El PP replicó este martes que son los conservadores, a los que el Gobierno «insultó gravemente acusándolos de bloquear los órganos constitucionales», los que han facilitado una propuesta sobre la que pudiera haber acuerdo con el sector progresista. E instó al presidente a retirar sus dos candidatos. «El Consejo ha cumplido con su deber y ha elegido dos perfiles independientes. Ahora, corresponde al Gobierno cumplir con su deber y elegir dos perfiles de ejemplaridad contrastada», demandó.