Sánchez acepta cambios en la ley de amnistía para dar más garantías a Puigdemont

La intención de los socialistas, que ayer por la tarde no daban aún el acuerdo por cerrado, es tenerlo el texto listo de manera inminente para poder hacerlo público antes incluso que este jueves a las 11:00 hora se reúna en el Congreso la Comisión de Justicia, en la que volverá a discutirse y votarse. Si hay pacto, este será elevado al pleno para su aprobación definitiva antes de su remisión al Senado, donde la tramitación se prolongará aún por espacio de dos meses. Si no lo hubiera, la norma decaería.

El presidente del Gobierno se mostró anoche tan optimista como el resto de sus portavoces -la del partido, Esther Peña y la del Ejecutivo, Pilar Alegría- y, según publican los medios elegidos para acompañarlo en su el viaje que terminará el viernes en Chile, aseguró que ahora ve cerca el entendimiento con Junts. Fuentes de la negociación, no obstante, siempre han mantenido cierta prudencia ante la posibilidad de que los de Puigdemont puedan dar un volantazo de última hora.

El pasado 30 de enero, ya en pleno, la formación independentista decidió votar en contra del dictamen previamente pactado para reabrir la negociación ante su temor por el impacto que puedan tener sobre el expresident prófugo las investigaciones judiciales abiertas por terrorismo en la Audiencia Nacional (ahora en el Tribunal Supremo) y en un juzgado de Barcelona por traición.

Sánchez insistió en que el Gobierno siempre ha creído que, tal y como estaba, la proposición de ley ya cubría a todos los implicados en el 'procés', pero anoche confirmó que se darán pasos para afianzar aún más esos parámetros, dar más seguridad y más garantías. Esos pasos llegan después de que, en contra de lo previsto por el Ejecutivo, que confiaba en que el criterio de la teniente fiscal se acabara imponiendo, la sala de lo penal del alto tribunal decidiera hace una semana por unanimidad asumir la investigación iniciada en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón contra el exgobernante catalán.

El presidente no avanzó qué cambios concretos recogerá el pacto, pero tampoco negó que puedan suponer alguna modificación en la parte relativa a delitos de terrorismo. Simplemente, se limitó a emplazar al momento en que el resultado de la negociación se haga público y remarcó que, en todo caso, la ley será acorde con la Constitución y el derecho europeo.

Hace un mes, el Gobierno dijo que se plantaba y no modificaría más el artículo que exceptúa de la norma determinados supuestos de terrorismo y los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional porque, de lo contario, la ley no pasaría ni el filtro del tribunal de garantías español ni del TJUE.