Sánchez abre una ofensiva judicial contra el Parlament en plena precampaña del 10-N

El Ejecutivo ya había anticipado hace una semana su intención de recurrir las iniciativas que el pasado jueves apoyaron JxCat, ERC y la CUP y en las que se instaba al órgano legislativo catalán a liderar una respuesta institucional a la eventual sentencia condenatoria del 1-O; una respuesta «basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación». Pero sobre el texto de julio no había expresado hasta ahora queja ni opinión alguna.

El ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, argumentó tras la reunión del Consejo de Ministros que si se ha tardado tanto tiempo en emprender las actuaciones acordadas ayer es porque este tipo de procedimientos tienen «su preparación jurídica en el seno del Gobierno», pero no ocultó criterios políticos. «Hemos considerado que este era el momento oportuno», admitió. La oposición, desde el PP a Podemos, lleva varios días acusando al PSOE de endurecer su discurso hacia Cataluña con ánimo electoralista.

En concreto, lo que se recurrirá ahora son un punto de la citada resolución por el que el Palament se compromete a actuar «en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Catalunya» y otro en el que reitera su «apuesta por derogar una institución caduca y antidemocrática como la monarquía« y el «rechazo al posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán». Ambos salieron adelante gracias al apoyo de las tres fuerzas secesionistas y de En Comú Podem en un pleno monográfico impulsado originariamente por Ciudadanos para debatir sobre la Cataluña «real» .

Sánchez ya recurrió al Constitucional una iniciativa por la que el Parlament reprobó al Jefe del Estado en octubre de 2018 y en marzo de esta año también impugnó otro texto por el que se acordó crear una comisión de investigación sobre la monarquía en la Cámara autonómica. El Tribunal Constitucional le dio la razón sobre el primer asunto el pasado julio y sobre el segundo esta misma semana. Lo que hasta ahora no había hecho nunca el Gobierno, como se encargó de resaltar el propio Planas, es plantear un incidente de ejecución de sentencia, una fórmula de la que en cambio echó mano en varias ocasiones el Ejecutivo de Rajoy en su intento de frenar la ofensiva secesionista.

La diferencia entre el incidente y el recurso radica en que el primero se plantea cuando se considera que se ha obviado una decisión previa del Constitucional. Además de la suspensión automática del texto recurrido, cuando se trata de un incidente el Gobierno puede pedir que se advierta a los responsables de esa acción de las posibles consecuencias penales de sus actos. En esta ocasión, se recordará a Torrent, al secretario general y al resto de miembros de la Mesa del Parlament «su deber de paralizar o impedir cualquier iniciativa jurídica o material que directa o indirectamente –según apuntó la ministra portavoz, Isabel Celaá– suponga eludir y incumplir las sentencia de TC».

Planas aclaró que habría que estudiar qué responsabilidades serían esas pero apuntó que lo más probable sería que se hable de un delito de desobediencia, penado con multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre seis meses y dos años. «Lo que espero y deseo –dijo aun así– es que cumplan lo que se les indica». El ministro también confirmó que el Gobierno mantiene su intención de impugnar las resoluciones más recientes del soberanismo, publicadas hoy mismo en el Boletín Oficial del Parlament, pero no quiso anticipar aún cuál será la vía elegida, si el recurso o el incidente de ejecución de sentencia.

Celaá, además, remarcó el discurso de firmeza que viene manteniendo el Ejecutivo respecto a Cataluña en las últimas jornadas e insistió en que un Gobierno en funciones «no es un Gobierno disfuncional» y que las leyes le habilitan para «afrontar todos los retos».