Sánchez se rodea de empresarios y sociedad civil antes de verse con Casado

Ante un otoño de vértigo, en el que el Ejecutivo debe afrontar la gestión de los rebrotes, la crisis económica, la moción de censura de Vox y una trascendente negociación presupuestaria para asegurarse la legislatura, Sánchez se prepara. Lo hace desde ya, sin más demora, con la construcción de un discurso cuyo eje va a ser la defensa de la suma de fuerzas, que persigue achicar el margen del PP para quedarse fuera de los acuerdos, a sabiendas de las dificultades con las que se topará en el Congreso.

Los mensajes, de hecho, que trasladará el lunes al mundo empresarial y social no distan mucho de aquellos que planteará a las fuerzas políticas en las reuniones del miércoles y el jueves. Según informó la Secretaría de Estado de Comunicación, el jefe del Ejecutivo pedirá en su intervención la unión de todos «para hacer las grandes transformaciones que necesita España» y para «el robustecimiento de las instituciones».

No es baladí que la convocatoria, que incluye, además, al empresariado, como ya ocurrió en 2018 tras cien días en el Gobierno, se produzca antes de la ronda en la Moncloa. El PP llega a la cita con un preaviso: no habrá negociación presupuestaria con un Gobierno de «socialistas y comunistas». Tampoco, de momento, parece factible desbloquear la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018.

Fuentes del PP, propias y ajenas a la dirección nacional, descartan cualquier avance en materia de cuentas públicas. Siendo los Presupuestos el sostén del proyecto político de un Gobierno, consideran su apoyo «incompatible» con el ejercicio de oposición. La presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo proporciona, además, a los populares un argumento extra. «Sus políticas y las nuestras –repiten– no tienen nada que ver».

En cuanto a los órganos constitucionales, el Gobierno, que necesita la participación del PP, va a volver a poner el miércoles sobre la mesa la revisión pendiente del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y RTVE.

En febrero, en la última cita presencial de Sánchez y Casado, no hubo posibilidad de aproximar posturas. En aquel momento, era la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general lo que generaba desconfianza en la formación conservadora. Ahora que los contactos sobre el CGPJ se habían reactivado, los populares señalan, además, a Unidas Podemos, y su cuestionamiento de la Monarquía, como obstáculo para encarar la negociación.

Lo que el líder del PP ofrecerá, en cambio, es su «plan B» jurídico, sanitario, económico y social para afrontar las consecuencias de la epidemia y articular un instrumento alternativo al estado de alarma.

Tras Casado, el miércoles acudirá a la Moncloa la presidenta de Ciudadanos. Sánchez ha dispensado a Inés Arrimadas un trato preferente en vísperas de tejer la red de los Presupuestos.

La mayoría con la que el jefe del Ejecutivo logró ser investido ha ido erosionándose con el paso del tiempo. Y, a día de hoy, Esquerra, socio prioritario del Gobierno, no garantiza su respaldo a las cuentas de 2021 en un clima altamente preelectoral en Cataluña. La relación con Ciudadanos, en cambio, se ha engrasado en plena emergencia sanitaria, aunque Unidas Podemos recele del acercamiento.