Robles minimiza la crisis de los espías porque «no afecta al núcleo» de la relación con Estados Unidos

Dada la trascendencia de los hechos que se van conociendo a cuentagotas y la repercusión diplomática que esta crisis ha tenido con Washington, Robles ha manifestado que «en ningún caso afecta al núcleo fundamental en las relaciones de dos países que son aliados y amigos». «Estados Unidos y España son países socios. Cuando hay cuestiones que puedan afectar se hablan y se tratan», ha declarado para minimizar el asunto.

«Nuestro compromiso con EE UU dentro del ámbito de la Alianza Atlántica y del ámbito bilateral es firme, como países que somos serios y aliados y comprometidos», ha insistido la titular de Defensa, a cuyo ministerio está asignado el CNI, para enfriar que el caso de los espías ponga en tela de juicio la generalidad de los vínculos militares y diplomáticos con Washington.

Según informó este jueves El País, Robles convocó a la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, para trasladar sus quejas por el hecho de que los servicios de inteligencia estadounidenses hubieran captado a dos miembros del CNI para que les facilitaran información clasificada como secreta a cambio de una cantidad de dinero.

Robles no quiso aportar más detalles ni este jueves ni el martes, cuando se conoció el escándalo. Para ello, alegó que hay un procedimiento judicial abierto en Madrid que ha sido declarado secreto, pero ha subrayado de nuevo que el caso «surgió como consecuencia del propio trabajo» interno del CNI, que «detectó que se estaban realizando unas conductas irregulares que podrían ser constitutivas de delito» y cuando recopiló toda la información denunció los hechos a la Fiscalía.

De forma paralela, tras verificar la filtración Robles llamó a la embajadora Reynoso para pedirle explicaciones por esta acción abiertamente hostil, que se practica con gobiernos enemigos o adversarios, pero nunca con amigos y aliados. También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, telefoneó a la jefa de la misión diplomática en España y le transmitió el malestar del Gobierno.

La denuncia ante la Fiscalía y la posterior detención de la Policía de los integrantes del CNI -un jefe de área con más de 30 años de servicio y su ayudante principal- culminó cuando se verificó en un control interno que los implicados habían accedido a información clasificada que no necesitaban para su trabajo ni estaban autorizados. Luego se supo que su actuación irregular formaba parte de la connivencia con sus colegas de la CIA para revelarles esa información a cambio de dinero.

En la sede de los servicios de inteligencia españoles, ubicada en el kilómetro ocho de la autovía A-6, no alcanzan a comprender por qué los agentes de la CIA querían sobornar a sus colegas del CNI si la colaboración y el intercambio de información es fluido y permanente desde hace décadas, y alcanza a materias de toda índole: seguridad, terrorismo, crimen organizado o económica.

Según El País, cuando la embajadora Reynoso fue convocada por la ministra Robles aseguró con toda rotundidad que ella no estaba al corriente de los hechos y que los agentes estadounidenses que habían captado a los espías españoles trabajaban al margen de la titular de la embajada.

Explicó que se trataba de un programa que se puso en marcha antes que llegara a la Casa Blanca el actual presidente Joe Biden y, por razones que desconocía, se había mantenido hasta ahora. Reynoso, que prometió su cargo en enero de 2022, pidió disculpas y prometió la máxima colaboración con la investigación en curso. Luego llegó la salida discreta de España de al menos dos funcionarios de la CIA implicados (otras fuentes elevan la cifra a tres) que estaban acreditados oficialmente.

A la espera de conocer el alcance de la filtración de la información clasificada como secreta, uno de los dos investigados sigue en prisión provisional en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), reservado para el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones que cumplen condena o prisión preventiva y que se encuentran aislados del resto de los reclusos.

Tanto él -un veterano agente de campo que durante los años de pandemia tuvo una excedencia en la que trabajó para una empresa estadounidense, según fuentes de Defensa- como su subordinado -un agente de rango bajo que tenía una estructura empresarial privada que podría haber servido de parapeto al centro- están acusados de un delito de revelación de secretos.

Este ilícito podría conllevar una condena de entre seis y 12 años de cárcel, según el artículo 584 del Código Penal, si se demuestra que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera «se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional».