Robles lamenta que el Constitucional entre en «elucubraciones doctrinales»

La ministra, jurista de carrera, ha insistido en que el Gobierno respeta, pero «no comparte», la decisión de la corte de garantías. En unas declaraciones en la cadena Ser, Robles ha recordado que el Constitucional ya se pronunció el 30 de abril el año pasado y dijo que «la única forma de salvar vidas era un confinamiento». Según ha explicado, ese auto «pone en valor» la declaración del estado de alarma y «en ningún momento» cuestiona que pudiera ser inconstitucional.

El tribunal no dice que el confinamiento domiciliario no fuera necesario dada la envergadura de la crisis sanitaria, sino que el estado de alarma no era el instrumento para decretarlo y que el Gobierno tendría que haber recurrido al estado de excepción, que requiere la autorización previa del Congreso. En el Ejecutivo mantienen que su actuación del Ejecutivo «fue conforme a los parámetros constitucionales» y que el confinamiento salvó «cientos de miles de vidas». «Me siento muy orgullosa», ha zanjado Robles.

La decisión del Constitucional, adoptada por seis votos contra cinco, impedirá volver a utilizar el mismo mecanismo que Pedro Sánchez aplicó hace un año para confinar a la población en sus domicilios como respuesta a la crisis sanitaria. A partir de ahora, un confinamiento general solo podrá ser decretado por un periodo máximo de 60 días, tras declarar el Congreso el estado de excepción. De ahí que el principal partido de la oposición haya vuelo aponer sobre la mesa la necesidad de aprobar una ley de pandemias.

«Llevamos más de un año pidiéndolo, lo hemos registrado dos veces en el Congreso de los Diputados. No podemos esperar más. Hace falta un marco legal de una ley orgánica que permita limitar la movilidad y tomar medidas para frenar los contagios cuanto antes», ha insistido el líder del PP, Pablo Casado, a su salida del homenaje a las víctimas en el Palacio Real.

El secretario de Justicia e Interior de los populares, Enrique López, ha asegurado, por su parte, que España es el único país de Europa que sigue sin enterarse que hace falta un instrumento jurídico adecuado para situaciones de esta naturaleza «por culpa de un Gobierno que se empeña en no seguir los consejos del consejo de Estado, el Tribunal Supremo, el Constitucional y toda la comunidad jurídica que lo está reclamando desde hace más de un año».