Roban documentación a la abogada del Estado durante el último juicio a Villarejo

Rosa María Seoane, jefa de Penal de la Abogacía y presente también, entre otras causas mediáticas, en el 'procés' secesionista en Cataluña, denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de la sustracción de su ordenador portátil oficial y un dispositivo externo de almacenamiento electrónico, según un escrito remitido al tribunal juzgador -la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid- al que ha tenido acceso este periódico.

Este material de trabajo había sido utilizado durante la sesión celebrada ese mismo 8 de noviembre, en la que se hallaba almacenada para su uso profesional información y documentación de la presente causa (tomos escaneados), que podría contener «datos de carácter personal», según comunicó a la Sala a los efectos oportunos tres días después de producirse el robo con fuerza. La denuncia, en cambio, se puso el mismo 8 de noviembre.

Se da la circunstancia de que el perímetro de la sede judicial tiene unas medidas de seguridad reforzadas, que ese día fueron vulneradas contra una alta funcionaria del Estado tras abrirle su coche para sustraerle información judicial sensible.

La abogada del Estado pedía en ese juicio cuatro años de prisión para Villarejo y tres años a los dos acusados como cooperadores necesarios: su mujer Gemma Alcalá y el periodista Carlos Mier. Finalmente, el tribunal presidido por Ángela Acevedo les absolvió de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos por supuestamente haber ordenado grabar y publicar en un medio una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El pequeño Nicolás', detenido en octubre de 2014. La difusión de esa conversación fue utilizada por este para pedir sin éxito la nulidad de la causa por «fabricar» pruebas contra él.

El tribunal explicó en su sentencia que no se han considerado probados los hechos que denunciaba la Fiscalía, porque no han logrado esclarecerse las dudas sobre cómo se realizó la grabación ilegal que fue publicada en el portal 'Información Sensible', del que Villarejo era accionista y su mujer directiva. A los magistrados lo único que les ha quedado claro es que dicha reunión tuvo lugar, que alguien grabó su contenido y que posteriormente se publicó. Pero alegan que no han conseguido pruebas suficientes para atribuir los hechos a ninguno de los acusados, aunque la sentencia deja serias contradicciones en su relato de hechos probados, según denuncian fuentes jurídicas.