El Gobierno relativiza el choque con Rivera en Cataluña tras su paso por la Moncloa

El Gobierno sigue sin compartir la prisa de Rivera por extender en el tiempo las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución. Según establece el acuerdo del Senado del 27 de octubre, una vez los consejeros de Quim Torra tomen posesión del cargo, la intervención de la autonomía dejará de estar vigente y los ministros cederán el mando de los departamentos de la Generalitat. A partir de ese momento, en la Moncloa garantizan que cada «ilegalidad» cometida por los nuevos gobernantes catalanes tendrá su respuesta. Siempre de manera «pactada y proporcional». Sin descartar todo el elenco de opciones que aseguren que la ley se cumple.

Dentro de ese abanico, caben tanto los recursos ante el Tribunal Constitucional como las medidas excepcionales que puedan volver a decretarse vía 155. Pero en el Gobierno no creen que a día de hoy haya materia para volver a pedir la autorización del Senado, tal y como reclama Rivera, y rechazan «anticipar la reacción a la acción».

Intervenir en Cataluña exige definir, primero, qué obligación no ha atendido la Generalitat o de qué manera ha atentado contra el interés general. Y, por ahora, fuentes gubernamentales entienden que Torra ha proporcionado razones de sobra para poner en alerta a los partidos no secesionistas, pero sin cometer vulneraciones legales sobre las que actuar. No es ese el punto de vista de Rivera. «Con un presidente racista como el señor Torra, que odia al conjunto del pueblo español, que lo primero que hace es rendir cuentas a un prófugo de la Justicia que ha dado un golpe de Estado, creo que ya no es momento de contemplaciones ni buenismos», se quejó el líder de Ciudadanos.

No habiendo dado un ultimátum, la dureza de fondo no inquietó, sin embargo, al Gobierno. En la Moncloa dejan margen a Rivera para el discurso político -que dan por hecho que podrá incluso recrudecerse-, pero subrayan que lo relevante es que si llega el momento de recurrir de nuevo al 155, el Ejecutivo tendrá el respaldo de PSOE y Ciudadanos. Eso interpretan de las palabras del presidente de los liberales: «La unidad se mantiene en tanto en cuanto el Gobierno decida actuar. Si no, para quedarse quieto, no le hace falta contar con ningún apoyo, no hay que votar nada».

El Ejecutivo no siempre tuvo claro que fuera a ser así. Sobre todo, después de escuchar a Rivera dar por roto el entendimiento en Cataluña el 9 de mayo en el Congreso, la mañana en la que Rajoy tildó de «aprovechategui» a su rival político. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, se movió para apaciguar los ánimos con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Y ayer, finalmente, el presidente del Gobierno se comprometió a estudiar las propuestas de su adversario y «mantener informado» al líder de los liberales, lo que supone recuperar un canal de comunicación oxidado en los últimos meses.

En realidad, no es la primera vez que Gobierno y Ciudadanos discrepan sobre cómo proceder frente al independentismo. La primera semana de octubre de 2017, tras el referéndum en Cataluña, Rivera ya urgió a Rajoy a intervenir de inmediato la autonomía para convocar elecciones. La de acudir las urnas acabó siendo la decisión que adoptó el Ejecutivo. Esta vez, si fuera necesario volver a actuar, fuentes del PP apuntan que no sería para convocar unos comicios y quizá sí para activar un 155 «selectivo» al estilo del que ayer sugerían los liberales.