El camino de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia la comisión europea parece ya allando, pero no porque el PP se haya dado por satisfecho con sus explicaciones sobre la gestión de la DANA hoy en ... su comparecencia del Congreso, sino por las negociaciones e intercambios de cromos entre las principales familias europeas. Ribera ha defendido ante la Cámara baja la actuación de su departamento y de todos los organismos dependientes del mismo, fundamentalmente la Agencia Estatal de Meteorología y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, y ha apuntado a la falta de competencia de los responsables de la Generalitat Valenciana en el centro de emergencias como elemento agravante de la tragedia.
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Ribera ha empezado por negar que, como aseguró el viernes el presidente valenciano, Carlos Mazón se produjera una «apagón informativo» por parte de la CHJ sobre lo que estaba ocurriendo en la Rambla del Poyo en la tarde del pasado 29 de mayo entre las 16:13 horas y las 18:43 horas. La vicepresidenta no ha puesto en cuestión que, efectivamente, entre esas horas no se enviara a la Generalitat un email específico para advertir de la repentina crecida del caudal, el argumento utilizado por el gobernante popular para justificar la tardanza en el envío del mensaje de alerta móvil a la ciudadanía, pero sí de manera implícita que esa fuera una información clave.
La ministra ha remarcado que, entre las 16.26h y las 20.12h, la CHJ envió nueve mensajes advirtiendo de elevados registros de precipitación en la rambla y que cuatro de ellos se referían en concreto a la situación en Chiva. «Una precipitación intensa en cabecera de los barrancos se traduce muy rápidamente en un pico de avenida aguas abajo: son las lluvias registradas aguas arriba -ha advertido- las que determinan la crecida de caudales aguas abajo». También ha hecho hincapié en que en este tipo de casos el tiempo de reacción es «muy limitado». «Por ello, en las cuencas mediterráneas, las alertas han de basarse en las predicciones y avisos de lluvia intensa», ha insistido.
Ribera ha esgrimido además que una de los análisis que deja la gestión de esta tragedia es la de que es necesario fomentar una «cultura del riego» con administraciones «preparadas» y protocolos claros. «Las propias instituciones de gestión de emergencias deben estar mejor equipadas para interpretar el riesgo y actuar eficazmente en la toma de decisiones. De poco sirve tener toda la información necesaria, si quien debe responder -ha enfatizado- no sabe cómo hacerlo. En situaciones reales, no hay margen ni tiempo para la duda: cuanto más protocolizada esté la respuesta, más eficaz será».
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La intervención de la, en principio, próxima vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición limpia, Justa y Competitiva, también se ha detenido en las críticas que desde el PP se realizan a su labor de prevención. Ribera ha recordado que fue ella como secretaria de Estado quien en diciembre de 2011 firmó una declaración de impacto ambiental favorable para realizar unas obras de defensa contra inundaciones en el barranco del Poyo que después el Gobierno de Mariano Rajoy paralizó. «Y no fue la única- ha argüido- De hecho, en 2018, encontramos 50 obras de interés general paradas por falta de inversión».
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Según ha asegurado, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno se ha venido trabajando para desbloquear el proyecto «buscando un diseño alternativo que permitiera generar consenso entre administraciones combinando soluciones duras y blandas», en marzo y junio de esta año se recibieron informes de la Generalitat valenciana que requerían «desarrollos extra del proyecto para mejorar integración del paisaje« y ahora se trabaja en su »reorientación y posterior licitación«.
Ribera ha negado, por otro lado, que el Gobierno haya eliminado presas; solo «algunos azudes obsoletos que empeoran la funcionalidad de los ríos y sus cuencas». Pero también ha advertido de que los embalses para laminación de avenidas «tienen su función, pero su capacidad de no es ilimitada». «No debemos fiarlo todo a una falsa sensación de seguridad y la existencia de una presa no es una garantía de seguridad para permitir construir en zonas inundables», ha señalado.
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Así, ha expuesto que hace falta acudir a una «combinación de soluciones». Pero también ha matizado que cuando el espacio inundable ya está «ocupado» (por infraestructura, equipamientos, viviendas, etc.), las decisiones son mucho más complejas porque siempre tienen implicaciones sociales y económicas difíciles de acomodar. Y precisamente ha puesto como ejemplo de esto las obras en la rambla del Poyo.
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