El rey Juan Carlos encargó a Aznar en 2013 un informe político y jurídico sobre la abdicación

El monarca citó en esa primavera de 2013 a Aznar en el Palacio de la Zarzuela para encargarle un informe «sobre las diversas cuestiones que planteaba la abdicación y, en concreto, cómo tendría que ser el proyecto de ley orgánica que preveía el artículo 57.5 de la Constitución», cuenta Zarzalejos.

Para ayudarle en esa tarea, don Juan Carlos entregó a Aznar un documento «mantenido en absoluta reserva» que habían elaborado el por entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y un grupo de personalidades ligadas al servicio del monarca, precisa Zarzalejos, que detalla que el líder del PSOE en aquella etapa, Alfredo Pérez Rubalcaba, estaba al corriente.

Ese documento, fechado en febrero, hacía una primera aproximación a los aspectos jurídicos y políticos de la abdicación y también a los aspectos prácticos de ésta en relación con el Rey.

Aznar encargó a su vez la elaboración del informe a dos de sus colaboradores en FAES, el propio Javier Zarzalejos y al jurista y diputado del PP Ignacio Astarloa, que dieron forma a dos documentos. Uno, redactado por Zarzalejos, analizaba el contexto del momento y ofrecía «algunas consideraciones sobre la instrumentación política de todo el proceso», mientras que el segundo, netamente jurídico, lo hizo Astarloa.

Es la propia Constitución española la que establece en su artículo 57.5 que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por ley orgánica».

La interpretación jurídica de este artículo había dado lugar fundamentalmente a dos grandes corrientes de opinión entre los expertos. Los que sostenían que había que aprobar una ley que contemplara las abdicaciones y renuncias con carácter general, para que bastara con una comunicación de las Cortes cuando hubiera que proceder a uno de estos supuestos.

El segundo bloque defendía la aprobación de una ley orgánica para cada caso al considerar que todas las constituciones monárquicas españolas desde Cádiz requerían la concurrencia de la voluntad de las Cortes para que la abdicación fuera efectiva, para impedir abdicaciones forzadas como fue la de Carlos IV bajo la coacción napoleónica.

El dictamen de los expertos de FAES se alineaba con la interpretación partidaria de una ley general sobre abdicaciones. Sin embargo, también eran conscientes de que el momento político en 2013 y el estado de la opinión pública con respecto a la monarquía aconsejaban optar por la segunda vía, una ley singular para el caso concreto de Don Juan Carlos.

Propusieron, además, que se tramitara por la vía de urgencia aceptando sólo enmiendas a la totalidad -nada de parciales-, como se hace en la ratificación de tratados internacionales, y con aprobación en lectura única. Se trataba de evitar un debate que derivara en la dialéctica entre monarquía y república.

Aznar entregó el informe al Rey a primeros de junio de 2013, pero a la vuelta del verano recibió la impresión de que el proceso que parecía conducir a la abdicación se estaba reconsiderando. En el Gobierno, cuenta Zarzalejos, «también parecía observarse una distancia bastante perceptible respecto a este asunto».

No fue hasta mediados de mayo de 2014 cuando el rey Juan Carlos llamó a Aznar para comunicarle que había decidido reactivar su decisión de abdicar, que quería hacer efectiva en junio. Según Zarzalejos, el expresidente tenía la impresión de que el monarca estaba algo impaciente por que el Gobierno empezara a poner en marcha los mecanismos legales e institucionales necesarios para la renuncia.

El rey Juan Carlos había comenzado el año 2014 con una reaparición poco acertada en la Pascua Militar del 6 de enero, donde leyó con dificultad su discurso -se equivocó en repetidas ocasiones- como consecuencia de la falta de descanso. El día anterior, según revela la periodista Ana Romero en su libro 'Final de partida', el monarca había celebrado su cumpleaños en Londres y había regresado a España de madrugada.

Tan sólo unos días después, el juez del 'caso Nóos', José Castro, imputaba a la Infanta Cristina por los delitos de blanqueo y fraude fiscal. Según explicó el propio monarca cuando anunció su abdicación el 2 de junio de 2014, la decisión la tomó en enero de ese año al cumplir los 76 años.