El repunte histórico de la inmigración abre un nuevo frente político

Pero no solo hay estadísticas. 2018 ha sido también el año de imágenes icónicas que se han colado en la política. Los asaltos masivos al vallado de Ceuta, por primera vez muy violentos con lanzamiento de ácido y excrementos a la Guardia Civil, han provocado un intenso debate, casi tanto como el del imparable reguero de cadáveres, desconocido hasta ahora, en las playas y los mares de españoles: 769 muertos. Dos inmigrantes fallecidos cada día.

Esa realidad no ha podido ser obviada por ninguno de los cinco principales partidos. Menos aún cuando la inmigración irregular vuelve a escalar en el ránking de preocupaciones de los españoles. Según el último CIS, publicado el pasado viernes, supone un grave problema para el 12,5% de los españoles, cuatro puntos más de los que reflejaba la encuesta del mes anterior.

Desde la oposición que conforman Partido Popular y Ciudadanos no se ha dudado en atacar al Ejecutivo socialista, al que consideran demasiado blando en materia migratoria. Más aún con el auge de Vox, que con su marcado discurso antiimigración consiguió ser primera fuerza política en el municipio almeriense de El Ejido, donde los inmigrantes suponen casi un 30% de la población.

Tanto Pablo Casado como Albert Rivera se han fotografiados junto a las vallas de Ceuta y Melilla. Su mensaje, no obstante, no siempre has sido el más acertado. Ambos han denunciado un efecto llamada a causa de acciones como la acogida de los rescatados del 'Aquarius', algo que desmienten las ONG. Según las organizaciones que trabajan sobre el terreno, los migrantes que esperan su oportunidad en el norte de África hace meses o años que emprendieron su huida hacia adelante a Europa. El líder del PP tampoco acertó cuando cifró en millones los subsaharianos que tratan de llegar a España. En cualquier caso, el mensaje de Casado es claro: «Lo que los españoles están buscando es que haya un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos».

Ante esta irrupción en la política de la Extranjería, el Gobierno ha ordenado en las últimas semanas tomar distancia y volver al discurso de que se trata de una 'cuestión de Estado' que debe estar fuera del debate. En poco más de medio año los hechos han dado un baño de realidad a los responsables de Moncloa y también del Ministerio del Interior que han desechado ya la política de gestos, que terminó por volverse en un arma arrojadiza en manos de la oposición, con argumentos para calificar de improvisada o errática la política de inmigración.

Lo cierto es que no hay directrices claras en esta materia. Los vaivenes han sido marca de la casa en un Gobierno en el que se ha pasado de esos primeros gestos, al cabreo por la «falta de previsión» de la saliente Administración popular por no anticiparse a la avalancha de llegadas tras el cierre de las rutas del Mediterráneo Oriental (Turquía y Grecia) y Central ( Italia y Libia), a, finalmente, el desánimo al ver que, como pasó en años anteriores con Italia, los socios europeos solo dan largas a España a pesar de que casi la mitad de las 121.755 personas llegadas a Europa en 2018 por mar tuvieron como destino de desembarco las costas nacionales. Solo buenas palabras y muy pocos acuerdos en la reciente cumbre de Marrakech o en las reuniones bilaterales con Marruecos, Senegal, Mauritania o Argelia.

El Gobierno e Interior prefieren ahora perfil bajo en esta materia, después de que el Ejecutivo de Sánchez debutara en Moncloa haciendo política con la extranjería a base de golpes de efecto como en el anuncio de Fernando Grande-Marlaska a las horas de llegar al cargo de quitar las concertinas de las vallas o la decisión del Gobierno de acoger en junio a los inmigrantes del 'Aquarius', que rechazaban el resto de los puertos europeos.

Gestos de supuesta 'mano blanda' con los clandestinos que desataron las mencionadas críticas de la oposición contra un Ejecutivo que apenas había aterrizado, hasta el punto de que el propio Gobierno intentó contrarrestar sus propias decisiones con otras medidas de 'dureza' como la repatriación en 24 horas en agosto de más de un centenar de los inmigrantes que asaltaron de forma violenta la valla de Ceuta o la negativa en diciembre de dejar desembarcar al pesquero de Santa Pola 'Madre Loreto' en Alicante con el argumento de que debía dejar a los once inmigrantes que había rescatado en Libia, el «puerto seguro» más cercano. Aquellas afirmaciones encendieron a unas cada vez más desconcertadas ONG's.

Que el Ejecutivo no se encuentra a gusto en un debate migratorio que pone de relieve sus propias contradicciones lo demuestra su decisión, igualmente cuestionadísima por las organizaciones sociales, de mantener vivo ante el Tribunal de Estrasburgo el recurso que defiende la legalidad de las expulsiones en caliente en las vallas que tanto había criticado en la oposición. Interior dice que prefiere esperar a ver qué decide la Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de prohibir esas deportaciones (legalizadas por el PP al meterlas con calzador en la 'ley mordaza') y que, en cualquier caso, habría que modificar la ley de extranjería para introducir este tema. Pero en Moncloa no quieren oír ni hablar de abrir el frente de una reforma que azuzaría todavía más el creciente debate político sobre la inmigración en el que saben que un Gobierno en la actual situación, sea del color que sea, «siempre tiene todas las de perder».