La renuncia de Marchena hunde a la justicia en la mayor crisis de su historia

«Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», afirma el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo en el primero de los cuatro puntos de su comunicado de renuncia. Con esta defensa de su independencia política, Marchena no intenta sacarse de encima el sambenito de conservador porque es una evidencia que su nombre siempre ha sido promovido por el PP en las negociaciones judiciales e incluso en 2013 Mariano Rajoy intentó que fuera ascendido a los cargos a los que ahora renuncia. El juez pretende dejar claro que su ideología no pesa en sus resoluciones judiciales. Lo contrario de lo que sostenía Ignacio Cosidó en sus mensajes del chat con los 146 senadores populares y que han sido el detonante de la crisis.

La verdad es que no ha ocurrido nada que no haya pasado en anteriores renovaciones del Consejo General del Poder Judicial. El nombre del presidente casi siembre se ha sabido de antemano porque o bien estaba pactado entre los dos grandes partidos, o uno de ellos contaba con mayoría suficiente para imponer a su candidato. La novedad en esta oportunidad es que nadie había desvelado las interioridades de la negociación de forma tan descarnada, y ese silencio permitía poner a salvo la formalidad de la elección. Pero Cosidó ha pateado el tablero con las minuciosas explicaciones del reparto de las cuotas. Un estropicio ante el que Marchena estaba casi obligado a dar el paso so pena de quedar como un títere al servicio del partido que propuso su nombre.

La frase del control «por detrás» de la Sala de lo Penal que enjuiciará a los líderes del proceso independentista catalán es demoledora, pero no lo es menos, aunque no haya tenido tanta relevancia, el comentario de Cosidó de que la negociación «ha sido una jugada estupenda» para el PP porque «nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP». A corto plazo se jubilan más de 40 de los 75 jueces del Supremo y el Consejo debe nombrar a sus sustitutos. Estas palabras han enfadado más en la carrera judicial que la supuesta tutela de la Sala de lo Penal.

La renuncia de Marchena fue el resorte para que el PP saltara para denostar el acuerdo, cuando en su día alabó «la responsabilidad» que habían demostrado junto al PSOE. El líder popular anunció la ruptura del pacto con los socialistas por «respeto» a los jueces y fiscales, y por el «fortalecimiento de las instituciones». Pablo Casado subrayó que nunca estuvo de acuerdo con la fórmula de las cuotas partidarias, y recordó que la reforma del sistema de elección de vocales figura en el programa de su partido. El PP, sin embargo, cuando tuvo la mayoría absoluta con Mariano Rajoy y pudo modificar la fórmula, no lo hizo. Casado, además, culpó al Gobierno de haber filtrado el nombre de Marchena. La primera que lo citó fue la vicepresidenta Carmen Calvo.

El presidente del Gobierno dijo comprender «perfectamente» la renuncia de Marchena porque se había puesto «en cuestión su imparcialidad». Ante esa tesitura es «comprensible que haya tenido que dar un paso atrás». Pedro Sánchez pidió al PP que no rompa la negociación del Consejo y mantenga los planes previstos. El Congreso tiene en su agenda votar el jueves sus diez candidatos.

El triunfador político de la jornada, el líder de Ciudadanos, reclamó a PSOE y PP que rompan el «pacto de la vergüenza» para repartirse los vocales del Poder Judicial y reclamó que apoyen en el Congreso su reforma del sistema de nombramientos para que sean elegidos por los jueces. «¡Qué vergüenza de país, donde algunos partidos denigran a la justicia!», clamó Albert Rivera.

Más allá del cruce de declaraciones, tanto en el Gobierno como en la oposición coincidieron que el episodio de Marchena y la negociación del Consejo han supuesto otro duro revés al sistema judicial a las puertas del proceso a los líderes independentistas catalanes, el más importante desde la transición, y que ha dado munición a quienes acusan de parcialidad a los magistrados y afirman que la sentencia ya está escrita.

La imagen de conchabeo, la renuncia y el cruce de acusaciones han sumido a la justica en su crisis más profunda, también lo admiten juristas y fuerzas políticas. La renovación del Consejo ha dado una imagen «patética», se quejaba este martes un juez del Supremo. Un episodio que se suma al desprestigio labrado con la rectificación del Supremo en el caso de las hipotecas que obligó al presidente del tribunal a pedir «perdón» a los ciudadanos; la huelga de jueces y fiscales para exigir, junto a las mejoras materiales, «independencia» para la justicia; la ministra del ramo en la picota por sus conversaciones con el excomisario Villarejo; o las correcciones de tribunales europeos. Todo ello, diagnosticaba el magistrado del alto tribunal, forma un cóctel letal para el prestigio y la credibilidad del sistema.