La tensión política enquista otro año la renovación de los órganos caducados

Sin mayoría parlamentaria, el PSOE está condenado a entenderse con el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en interinidad desde hace dos años. Se requiere el respaldo de tres quintos de las Cámaras y la suma de los socialistas con sus socios de investidura no llega de lejos a esa cifra. Una mayoría cualificada que también se exige para renovar otros órganos constitucionales con el mandato caducado como el Tribunal Constitucional, el consejo de administración de RTVE, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

La historia de los desencuentros entre socialistas y populares por la composición del máximo órgano de los jueces viene de lejos. Dos años tardó Francisco José Hernando en ser relevado al frente del CGPJ. Su mandato concluía en 2006 pero no fue hasta 2008 cuando Mariano Rajoy aceptó la propuesta del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que Hernando fuera sustituido por Carlos Dívar.

La filtración del Whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, referente al magistrado Manuel Marchena, echó por tierra en noviembre de 2018 el acuerdo que ya existía entre PP y PSOE para relevar a Carlos Lesmes, aún hoy en el puesto. Desde entonces ambas formaciones intentan tejer un acuerdo que aún no ha sido posible.

En agosto, el Gobierno echó las campanas al vuelo ante la inminencia del pacto pero los conservadores volvieron a frenarlo. Pedro Sánchez denunció entonces que Pablo Casado dinamitó el pacto, esgrimiendo nuevas excusas. Si primero fue el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, entonces fue la salida de España del Rey emérito sin que el presidente se lo comunicara al líder del PP, y ahora, la influencia de Podemos en el Ejecutivo. «Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano», recordó en septiembre su presidente, en la apertura del año judicial.

Los contactos siguen siendo habituales entre los interlocutores designados por Sánchez y Casado, el ministro Juan Carlos Campo y el responsable de Justicia, Enrique López. Aunque el ministro insiste en que «es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une», los populares se niegan a cerrar el pacto antes de que se celebren las elecciones catalanas, una posición que desgasta cada vez más al Ejecutivo.

En medio de ese tira y afloja, PSOE y Podemos han registrado de manera conjunta dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el desbloqueo –bien para rebajar las mayorías exigidas para nombrar a los doce vocales del turno judicial, de tres quintos a mayoría absoluta, bien para recortar los poderes de un CGPJ en funciones– con el fin de presionar al PP para que se avenga a cerrar cuanto antes la renovación.

Pendiente está también la renovación de cuatro de los doce miembros del Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Uno de los que tiene que ser removidos es Fernando Valdés, que dimitió en octubre tras ser procesado por el Supremo por malos tratos, y los otros tres son los actuales presidente y vicepresidenta, Juan José González Rivas y Encarna Roca, y el cuarto es Andrés Ollero.

El relevo en el Defensor del Pueblo es también apremiante. Su actual titular, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, lleva en funciones desde julio de 2017 cuando sustituyó a Soledad Becerril, la última titular elegida por el Congreso.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ya deslizó el pasado octubre que el Ejecutivo no solo está dispuesto a seguir hacia delante con su reforma de la ley para forzar la renovación del Poder Judicial cuando no hay acuerdo. También planea la revisión de otras normas para propiciar el relevo en el Defensor del Pueblo o en el Tribunal de Cuentas. En ambos casos no haría falta tocar la Constitución, sí modificar la ley orgánica que regula ambos órganos, por lo que al PSOE y Podemos les bastaría con garantizarse la mayoría absoluta en su tramitación parlamentaria.

El bloqueo político obligó a mantenerse en el cargo a la Administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. Su designación se produjo en julio de 2018 después de que el Gobierno de Sánchez aprobara un decreto ley para forzar la renovación del consejo de administración, afín al PP. Se suponía que era una solución provisional hasta poner en marcha un mecanismo de concurso público, que los grupos pactaron para despolitizar la televisión pública y que contaba con el plácet de los consejos de informativos. Pero el acuerdo de los grupos para llevarlo a cabo no ha sido posible y el proceso lleva encallado desde entonces.

En el caso del organismo encargado de fiscalizar a los partidos, a sus fundaciones y a las entidades públicas, su renovación no está prevista hasta este 2021. Como ocurre con el Poder Judicial, sus doce consejeros son elegidos por el Parlamento con mayorías de 210 escaños: seis de ellos a propuesta del Congreso y el resto a propuesta del Senado. El equilibro de fuerzas se sitúa en siete votos frente a cinco a favor de los populares.