La renovación del Poder Judicial eclipsa la moción de censura de Vox

Hace cinco años que no se celebra del debate sobre el estado de la nación, el último fue en febrero de 2015 y enfrentó a Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, líder de la oposición. La moción de censura de Vox va a ser un sucedáneo de ese debate de política general. La iniciativa del partido ultraderechista es la excusa parlamentaria para que se midan el Gobierno y la oposición en todos los capítulos.

La renovación del Poder Judicial tiene todas las papeletas para ser el plato fuerte de esas 48 horas siempre que el PSOE y el PP no lleguen antes a un improbable acuerdo. Un arreglo que los socialistas buscan ahora con ahínco y que los populares desdeñan, sabedores de que la presión recae ahora sobre el partido gubernamental. Su propuesta de reforma de la ley, que también lleva la firma de Unidas Podemos, para cambiar las mayorías de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo recibió un significativo toque de atención de la Comisión Europea, puso en pie de guerra a la mayoría de las asociaciones judiciales, suscitó las críticas de juristas y constitucionalistas, apenas obtuvo unos tibios apoyos de los aliados de la moción de censura y alivió la incómoda posición del PP con su bloqueo.

Sánchez quisiera llegar al debate del miércoles y jueves con la polémica zanjada. Ha ofrecido la retirada de la reforma a cambio de reabrir la negociación. Está dispuesto, según ha dicho él mismo y ratificó este sábado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a hacer «concesiones» a partir del esquema pactado en agosto. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, acordaron que diez vocales serían propuestos por el Gobierno y los otros diez por el PP, con un presidente de talante progresista. Pero Pablo Casado, por el momento, no mueve ficha.

En el caldo de cultivo judicial se mezclarán también la Monarquía parlamentaria, los avatares judiciales de Pablo Iglesias, la corrupción del PP, el estado de alarma por la pandemia en Madrid, y las reminiscencias guerracivilistas que ganan terreno día a día. Con esta catálogo de agravios pendientes, la moción de Vox parece ser lo de menos. Además, no tiene ninguna posibilidad de prosperar.

El líder de la oposición, al menos, va a hacer lo que esté en su mano para que pase desapercibida. No es ningún secreto que el destinatario del movimiento de Abascal es Casado, y no Sánchez. El duelo no es por la Moncloa, es un debate entre PP y Vox por capitalizar el voto de todo el espectro de la derecha.

Es un debate con los papeles cambiados. El líder de la oposición quiere desgastar al Gobierno; el de la ultraderecha busca hacer lo propio con el PP; y jefe del Ejecutivo, que aún no se sabe si intervendrá (no está obligado), o el miembro del Gobierno que tome la palabra se recreará en que los populares no se diferencian de Vox.

De lo que caben pocas dudas es que se avecinan días de ira en el Congreso. Según avanza la legislatura y se agrava la pandemia, el lenguaje en el hemiciclo gana en tosquedad. El respeto por las formas y la buena educación –por los que clama día sí y día también, y sin ningún resultado, la presidenta del Congreso– casi han desaparecido.

Este clima tóxico es reconocido por sus protagonistas y reprochado por los ciudadanos, el último sondeo del CIS lo puso de manifiesto, pero no se aprecia propósito de la enmienda por ningún lado. El fenómeno no es nuevo pero ha adquirido unos ribetes de brusquedad nunca vistos en los últimos 40 años. Así lo atestigua incluso la prensa internacional. «La política venenosa de España ha agravado la pandemia y la economía», titulaba el semanario británico The Economist el pasado 3 de octubre. «España ha perdido el control», apuntaba el jueves el diario alemán Frankfurter Allgemeine.

Y lo peor, como con la covid-19, parece que está por venir.