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El final de año ha tenido un cierto aire retro en Cataluña: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han vuelto a hacerse con el liderazgo de sus partidos respectivos siete años después del colapso del 'procés'. Como si no hubiera pasado nada y como si ... el independentismo no hubiera perdido el Govern y la mayoría parlamentaria. Los dos 'capos' del secesionismo regresan con el objetivo de reverdecer viejos laureles y de intentar que el independentismo sea mayoritario de nuevo. Mantienen, eso sí, su guerra personal (apenas tienen contacto), que fue una de las causas del fracaso del 'procés'. Junts y ERC compiten en todo. Y ahora también en el relato de amenazar con dejar caer gobiernos.
El Ejecutivo central depende de los junteros. Tiene sobre la mesa un ultimátum, que expira el día que se reúna la Mesa del Congreso en el reinicio del curso político. Para que Junts retire el órdago, debe avanzar en algunas cesiones (traspaso a la Generalitat de las competencias en inmigración, concierto económico, autodeterminación, inversiones, reconocimiento del catalán en la UE y hasta una reunión entre Sánchez y Puigdemont) y admitir una cuestión de confianza.
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Si el Gobierno no cumple, no habrá presupuestos y seguirá perdiendo votaciones. Una moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de los de Puigdemont está, de momento, descartada. Lo mismo le ocurre a Salvador Illa, que necesita los escaños de ERC (y los comunes) para formar una mayoría estable en el Parlament. Si no mueve ficha, Junqueras amenaza con no negociar las cuentas autonómicas. Igual que Puigdemont. Aunque el republicano lo tiene peor. Puigdemont no tiene oposición interna en su partido. El líder de ERC ha ganado el congreso de Esquerra con casi la mitad de la militancia en contra.
La formación se desangra mientras pierde apoyo social y electoral. Hace cinco años, tenía casi 10.000 militantes. En las recientes votaciones para elegir nuevo presidente del partido, el censo rondaba los 8.000. En cinco años, los republicanos han pasado de ganar elecciones a perder el Govern y ser tercera fuerza en Cataluña, con la mitad de escaños que el PSC. En todo este tiempo, ERC ha votado a favor de investir a Sánchez e Illa.
Pesos pesados del partido, como Anna Simó o Alfred Bosch, que son de sectores críticos con Junqueras, han salido públicamente estos días a pedir a la militancia que «no se marche». La nueva ejecutiva se reúne hoy por segunda vez tras la elección de Junqueras como presidente. En el poco tiempo que lleva como líder de la formación ha elevado el poder de la secretaria general, Elisenda Alamany, y de Lluís Salvadó para tratar de borrar la sombra de Marta Rovira, pero aún no ha tomado las decisiones drásticas. Pueden rodar cabezas de dirigentes de los sectores críticos, como es el caso de Josep Maria Jové o Marta Vilalta, responsables del grupo parlamentario en la Cámara catalana. Está por ver cómo de intensas son las purgas. Ahí se verá si Junqueras tiene voluntad de integrar o entra con mano de hierro.
Junqueras, mientras, se desmarcó desde el primer momento del órdago de Junts a Sánchez con la cuestión de confianza. Al día siguiente de su reelección, dejó claro que no tiene interés en facilitar la llegada de un gobierno de derechas. Ese es el problema de los republicanos. Han priorizado la continuidad del bloque progresista y los socialistas no les han tomado tan en serio como a Junts.
Junqueras tiene que decidir si juega un nuevo rol en Madrid (donde Rufián gana galones), si eleva las exigencias a Illa (como apunta) y si entra al Gobierno del PSC de Collboni en Barcelona. La piedra de toque para ERC es la financiación singular. Si el Govern socialista la defiende con uñas y dientes frente al Gobierno central, tendrá el apoyo de Esquerra. Fuentes de Junts y PP aseguran, no obstante, que el nuevo modelo de financiación no saldrá adelante. «Es imposible», dicen los populares. El PSC y ERC se comprometieron a que buena parte del modelo estará listo en un año, de tal manera que la agencia tributaria catalana se encargue ya por completo en 2026 de la campaña del IRPF.
La Administración catalana necesita contratar 4.000 funcionarios de hacienda. «Ningún funcionario del Estado querrá hacerse funcionario de la Generalitat», señalan en el PP. Con las primeras promociones de mossos no ocurrió lo mismo y la Generalitat pudo reclutar muchos guardiaciviles y policías nacionales. En cualquier caso, Illa tiene que incluir ya en los Presupuestos las partidas para las convocatorias públicas de empleo y ahí ya se verán sus planes fiscales, que hasta ahora se reducen a decir que cumplirá lo acordado, sin dar más detalles.
Su problema es que Junqueras tiene oposición interna y se verá obligado a que se le note que ahora es más exigente con los socialistas. Tanto Sánchez como Illa tienen media legislatura encarrilada si consiguen sacar adelante sus respectivos presupuestos de 2025. La competencia entre Puigdemont y Junqueras es un nuevo obstáculo en el camino. En el Govern, aun así, se muestran «optimistas» y creen que no hay que mezclar carpetas. Madrid es Madrid y Cataluña es Cataluña. En ERC no están de acuerdo: cada vez están más ligadas, avisan.
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