La reforma de la ley mordaza encalla por las diferencias entre Gobierno y sus socios

El motivo es que el Gobierno y sus socios de investidura (particularmente ERC, PNV, EH Bildu y Junts) son incapaces de ponerse de acuerdo en los aspectos a modificar pese a que los encuentros se vienen sucediendo desde enero de 2020. Es más, lejos de un acercamiento, en las últimas semanas los partidos favorables a la reforma han encallado en sus negociaciones. Y no solo eso. Incluso las diferencias entre los partidos del Ejecutivo se están agrandando según avanzan las negociaciones, a pesar de que PSOE y Unidas Podemos presentaron en noviembre del pasado año un texto común de enmiendas.

PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts, las seis formaciones coaligadas para la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llevan sin reunirse desde el pasado marzo, ante la imposibilidad de avanzar en la redacción de los artículos claves. Estos partidos, tras duras discusiones al margen de los trabajos en ponencia con el resto de formaciones, han decido posponer a después de Semana Santa los contactos para darse tiempo a afín de tratar de limar asperezas.

Los puntos de roce son sobre todo entre el PSOE, de una parte, y ERC, EH Bildu y Unidas Podemos, por otra. Los socialistas quieren sacar las ‘expulsiones en caliente’ para introducirlas en la ley de extranjería, mientras que sus socios quieren que desaparezcan de cualquier texto normativo; ERC y Bildu son firme defensoras de prohibir por ley las pelotas de goma mientras que los socialistas se inclinan por apostar por los medios menos lesivos posibles aunque sin vetar las bolas de caucho; y el PSOE no ve con buenos ojos la supresión de la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes que piden sus aliados de investidura y que ha soliviantado a los policías.

Otro de los campos de batalla en los que se lucha a estas horas es la exigencia de los socios de que se endurezcan las condiciones en las que los agentes puedan realizar identificaciones policiales en la vía pública. Insisten en que la reforma debe exigir que los funcionarios deban probar antes de pedir el DNI que haya «constancia» de un delito o, al menos, «claros indicios» de la comisión de ese ilícito. Las enmiendas que se discuten quieren poner coto a las «identificaciones arbitrarias», particularmente por motivos raciales, según explican fuentes de la Comisión de Interior.

Los minoritarios, además, han emprendido una cruzada para que muchas de las faltas tipificadas ahora como leves y castigadas con hasta 600 euros dejen de serlo, tales como: la falta de respecto a las fuerzas de seguridad; la ocupación de inmuebles; no llevar encima el DNI; la negativa a enseñar la documentación; el escalamiento de edificios o monumentos; la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos.

A enrarecer aún más el ambiente entre la mayoría de investidura se ha sumado la pasada semana un texto de ERC en el que los republicanos presentan once líneas rojas que, según la formación catalana, les impedirían votar a favor de la reforma. Una amenaza que pone en peligro los 175 votos afirmativos necesarios para sacar adelante las modificaciones, al tratarse de una ley orgánica.