La reforma de la ley mordaza supera su primer trámite con el apoyo 'in extremis' de ERC

 Eso sí, este miércoles quedó claro que las posiciones siguen muy distantes, por ahora, para alumbrar una nueva ley. La ponencia que lleva meses trabajando para sacar adelante las modificaciones de la ley de seguridad aprobada por el PP en 2015 dio el visto bueno a un primer texto, pero evidenció el cisma que todavía separa al Gobierno y a sus socios parlamentarios en cuatro puntos esenciales y en los que están bloqueados desde hace meses: el uso de las pelotas de goma (artículo 23); las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes (artículo 36.6); y la disposición adicional que legalizó las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.

A pesar de las más de 40 reuniones en los últimos 13 meses de los seis grupos favorables a la reforma -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y Junts- siguen siendo incapaces de consensuar un texto en los artículos que están detrás del 70% de las sanciones que se imponen por la ley mordaza.

Este miércoles, de hecho, ERC -a pesar de su apoyo para que la reforma siguiera viva- unió sus votos a los de Bildu para rechazar de plano las enmiendas de última hora que PSOE, UP y PNV había presentado para intentar pactar en tres de los cuatro artículos en disputa (pelotas, desobediencia y resistencia a la autoridad).

En el tema de las bolas de caucho, en el que republicanos y 'abertzales' insistieron en que solo aceptarán su total abolición, los partidos del Gobierno y el PNV ofrecieron como alternativa que el Ministerio del Interior elabore un «estudio sobre el empleo del material antidisturbios» y que a partir de su elaboración «las autoridades competentes desarrollen protocolos específicos» sobre «la gestión policial de manifestaciones y reuniones». Unas instrucciones que, en cualquier caso, según la propuesta, deberían facilitar la «identificación de los agentes asignados en las unidades que utilicen este tipo de material», «especificar las técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos» y garantizar que habrá un «sistema de rendición de cuentas» para que siempre se usen «los medios menos lesivos para las personas».

ERC y Bildu también votaron en contra de la propuesta de los partidos del Gobierno y el PNV de que se entienda como «desobediencia» a la autoridad cuando ésta sea «manifiesta», cuando haya una «negativa a cumplir una orden legal», cuando se use la «oposición corporal o exista una «negativa manifiesta a identificarse». Los independentistas vascos y catalanes sostienen que con esa redacción tan vaga los agentes seguirán teniendo un margen demasiado amplio para imponer sanciones graves.

Tampoco hubo acuerdo entre los socios de investidura para dar el visto bueno a la propuesta de socialistas, UP y PNV de considerar falta de respeto a la autoridad «las expresiones o actos humillantes, despectivos u ofensivos que desacrediten objetivamente el ejercicio de la función que representan los miembros de las fuerzas y cuerpos de de seguridad» y siempre que éstos sean «expresiones o actos relevantes, sin que pueda considerase sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión». De nuevo, Bildu y ERC consideraron demasiado interpretable esta redacción a favor de los agentes.

Más allá de los nuevos desacuerdos de este miércoles, lo cierto es que el clima se ha ido enrareciendo en los últimos días con acusaciones cruzadas entre dos bandos, culpándose mutuamente de poner en riesgo el alumbramiento de la nueva ley.

Por un lado, los dos partidos del Gobierno y el PNV, que sostienen que los acuerdos alcanzados hasta el momento mejoran de forma sustancial el texto del PP y justifican su aprobación. Por otro, los republicanos catalanes, los 'abertzales' y Junts que insisten en que el articulado que quiere sacar adelante el Ejecutivo está años luz de una derogación porque en realidad solo hace retoques estéticos a la normativa aprobada por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hace ya casi ocho años.

Esta accidentada reforma que el Pedro Sánchez prometió que iba a ser inmediata cuando llegó al poder en 2018 ya ha implicado a los principales 'espadas' de los partidos concernidos. El martes, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, culpó, sin citarlos, a EH Bildu y ERC de poner en riesgo la reforma, les llamó a «entrar en razón» e insistió en que «todo aquello por lo que la ley de Seguridad Ciudadana empezó a llamarse Ley Mordaza desaparecería con el acuerdo que ya tenemos». «Hemos acordado más de 37 transacciones y más de 7 enmiendas para que la nueva ley aporte transparencia, derechos y protección», aseguró López.

Sus palabras, de inmediato, fueron rebatidas por Jon Iñarritu, el diputado de Bildu que está liderando la ofensiva de los socios del Gobierno para conseguir que el PSOE acepte reformar los cuatro artículos de la discordia. «Señor López, usted sabe que la realidad es precisamente la opuesta. La ley mordaza es llamada así por los artículos más lesivos (aquellos por los que más se sanciona). El PSOE se niega a desactivarlos y propone mantener una ley mordaza light, incumpliendo su promesa», le espetó el parlamentario vasco.