La reforma de la Ley de Extranjería eliminaría el «principio de solidaridad» para la acogida de menores migrantes

Canarias, Ceuta y Melilla. De aprobarse la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, serían las tres regiones que actualmente se encontrarían por encima de sus capacidades, según ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, y que, por tanto, redistribuirían los menores llegados a sus costas. Y es que, el cambio legislativo propone que la capacidad máxima de acogida se establezca en un 150%. Una vez que los sistemas sobrepasen esta cifra, los menores serían trasladados a otras comunidades en las que no exista tal presión. El obejtivo, tal y como ha señalado el presidente canario, es «poder ofrecer la atención necesaria y de calidad a los niños que llegan», así como todas las «garantías» que requiere un proceso de acogida en estas condiciones.

En el caso concreto de Canarias, el máximo número de menores no acompañados que pueden atender en sus recursos, actualmente, se sitúa en los 2.500 (actualmente cuenta con cerca de 6.000 niños en sus instalaciones). La Ley de Extranjería, una vez que sea aprobada por el Congreso y el Senado, si la cifra continuase incrementándose, los nuevos niños que fuesen llegando a sus costas serían trasladados a otros territorios que no sufran esa saturación y que tengan dotaciones y capacidad económica para poder hacerse cargo de ellos. El plazo para poner en marcha esta redistribución todavía está en proceso de negociación, aunque todo apunta a que será un máximo de 15 días, según han dado a conocer Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo Batlle.

Este es uno de los grandes cambios que conllevaría el cambio legislativo. Sin embargo, no es el único. Y es que, si logran aprobar el cambio en el artículo 35, el que hace referencia a los menores no acompañados, también se establecería el carácter obligatorio de redistribución una vez que las comunidades se declaren saturadas. Hasta ahora, según se acordó en las últimas conferencias interministeriales, se abogaba por la «solidaridad» de las comunidades autónomas, de manera que podían rechazar la llegada de estos migrantes. Sin embargo, con la reforma que quieren implementar en la ley, estos gobierno regionales no podrían oponerse al traslado y, posterior, acogida de los menores. «Prevalecería la ley», ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica.

Aunque ambos dirigentes han recalcado su compromiso para tratar de aliviar la congestión en los sistemas de acogida tanto de Canarias como de Ceuta y Melilla, todavía existen algunos puntos de desacuerdo. Por este motivo, han asegurado que seguirán trabajando para acercar ambas posturas y, posteriormente, presentarlo en la conferencia interministerial que se celebrará en dos semanas. «Todos tenemos claro que debe prevalecer el interés general del menor para que puedan ser atendidos y, así, garantizarles el futuro mejor y la mejor integración», ha explicado Fernando Clavijo Batlle. «Muy desesperados tienen que estar los padres para meter en una patera a sus hijos sin tener del todo claro cuál puede ser su futuro», ha continuado. 

Por este motivo, tanto el ministro como el presidente canario, han subrayado su intención de seguir trabajando en los tres asuntos en los que todavía no han logrado consenso. Uno de ellos es el formato con el que se haría la norma: un Decreto de Ley o una propuesta de Ley. La divergencia en la forma que tendría la reforma radica en que ambos quieren que el texto esté lo más blindado posible- «por si algún grupo político decide acudir al Tribunal Constitucional»- al mismo tiempo que se pueda poner en marcha «lo antes posible».

El segundo punto sobre el que han mostrado posturas enfrentadas es en quién asume la tutela del menor. El Gobierno sostiene que debería ser la región a la que han llegado, a pesar de que vayan a ser trasladados a otro territorio. Sin embargo, Clavijo considera que «lo más lógico» es que sea el gobierno regional que se ocupará de sus cuidados. ¿El motivo? Que hacer las «pruebas óseas» (para comprobar que el migrante es o no es menor) y los trámites para cambiar de lugar la tutela alargarían el proceso más allá del año máximo con el que contarían las comunidades para trasladar al niño. «Nuestros recursos seguirían aumentando la saturación y la reforma no daría solución a esta crisis humanitaria», ha apuntado el presidente canario.

El último de los puntos de disconformidad es el cupo máximo que las comunidades podrían asumir cuando se encuentren totalmente saturados. Para el Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica, el límite de 2.500 menores es correcto. Sin embargo, el regidor canario considera que debería revisarse a futuro. «Es cierto que ahora mismo, cuando contamos con cerca de 6.000 menores no acompañados en nuestros recursos, supone un importante alivio», ha explicado. «Sin embargo, creo que será un asnto que deberá revisarse más adelante para tratar de reducirlo aún más y que, así, podamos atender de la mejor manera a todos esos niños vulnerables», ha continuado.