La reforma laboral se convierte en un bumerán y tambalea las alianzas que sostienen a Sánchez

El detonante, quién lo iba a decir hace un mes, ha sido la negociación de la reforma laboral. Un pacto entre empresarios, sindicatos y Gobierno sin precedentes en los últimos 40 años. El calificativo de histórico llenó las bocas de sus protagonistas, aunque el Ejecutivo, CC OO y UGT sabían que no había satisfecho las expectativas creadas. Que el acuerdo se había quedado corto desde la óptica de la izquierda. Pero el Gobierno confió –y confía– en que el planteamiento posibilista fuera suficiente para limar las reticencias. Una esperanza que hoy está lejos de hacerse realidad.

Todos los actores del acuerdo se han involucrado en unas negociaciones que, como el proceso previo, capitanea la vicepresidenta Yolanda Díaz bajo la atenta mirada del ministro para todo, Félix Bolaños. La patronal ha bajado a la arena y ha tendido las redes hacia Ciudadanos. Las centrales sindicales se han empleado a fondo con ERC, a la que también han cortejado los comunes. Los socialistas se han empeñado con el PNV. Bildu, en cambio, ha quedado fuera de la ecuación tras su rotunda negativa amparada en los sindicatos soberanistas ELAy LAB, mayoritarios en el País Vasco. Pero a semana y media de la votación en el Congreso nadie ha dado aún su brazo a torcer.

La Moncloa no pierde, pese a todo, el optimismo. Los socialistas están seguros de que la reforma saldrá adelante. Si es necesario, aducen, con Ciudadanos y el resto de formaciones minoritarias. Una suma que podría bastar siempre que no haya deserciones de última hora. Pero la opción preferida del Gobierno continúa siendo la del bloque de la investidura, aunque se podría «ensanchar», en palabras de Bolaños, con los liberales, una línea roja para Podemos y Esquerra.

Los morados no comparten tanta confianza. Fuentes de Podemos confiesan estar incómodos y apuntan que si no se sentaran en el Consejo de Ministros o si Díaz no fuera el referente del acuerdo, estarían en primera fila de rechazo a la reforma. No les gusta, la asumen por disciplina de coalición, aunque ya coquetean con la idea de aceptar algunos cambios para atraer apoyos.

Casi siempre al límite

Los aliados no han dudado esta vez en colocar a Sánchez entre la espada y la pared. La reforma laboral ha sido el reactivo de un malestar con el Gobierno gestado durante meses. Escasa comunicación, ralentizar las conversaciones y llevar la negociación al límite ha sido la fórmula seguida por la Moncloa con los Presupuestos y otras iniciatvas legislativas. Han hecho falta acusaciones, ultimátums, órdagos y todo tipo de desafíos para llegar a pactos sobre la bocina.

El argumento de que la alternativa es favorecer los intereses del PP y Vox ya no surte efecto. El Gobierno lo intenta al poner sobre la mesa la encrucijada del acuerdo del 23 de diciembre o mantener la reforma de Rajoy de 2012. Los reparos de los aliados sobre el texto no son insalvables –el PNV dice estar de acuerdo con el95% y Esquerra, aunque habla de maquillaje, solo echa en falta elementos subsanables–. Es una cuestión de fuero. De hacer las cosas de otra manera, sin ningunear a los compañeros de viaje y sin «chantajes», en palabras del republicano Gabriel Rufián.

Entre los socios también subyace el temor a un volantazo de Sánchez en el segundo tramo de la legislatura. Un giro reclamado, por otra parte, por sectores del PSOE. En la Moncloa siempre ha habido partidarios de recuperar la geometría variable para incluir a Cs en la ecuación de los colaboradores. El exjefe de gabinete Iván Redondo defendió esa vía en las últimas citas electorales para atraer al votante liberal con el conocido fracaso de la apuesta.

Esa pulsión no ha desaparecido, y hay dirigente socialistas que abogan por el paulatino distanciamiento de las fuerzas independentistas catalanas y vascas para recuperar una imagen de centralidad derruida por los entendimientos con Esquerra y Bildu. Incluso Podemos entra en el paquete de aliados tóxicos para algunos sectores del PSOE. Los morados, con Pablo Iglesias al frente, consiguieron abortar el acercamiento a Ciudadanos en los primeros Presupuestos para constituir con republicanos y la izquierda abertzale una autodenominada «dirección de Estado», que nunca fue tal pero que imprimió al Gobierno una pátina de izquierda radical que la oposición no ha dejado de explotar.

Aunque ni PSOE ni Podemos se plantean liquidar su sociedad, la votación de la reforma laboral el 3 de febrero en el Congreso puede colocar a Sánchez ante una tesitura impensable hace un mes. Lo más probable, dicen todos los involucrados, es que el acuerdo acabe recibiendo el aval parlamentario. Pero el escenario posterior no parece que vaya a ser el mismo con el fantasma de la inestabilidad asomando por la esquina.