La reforma del Poder Judicial perturba el Tribunal Supremo

La proposición de ley liderada por los grupos parlamentarios que forman parte de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se ha tramitado de forma urgente desde el pasado diciembre con la intención política de presionar al Partido Popular y desbloquear de una vez la renovación del CGPJ. Un órgano que lleva en funciones dos años y cuatro meses por la falta de entendimiento entre los dos partidos mayoritarios en el Congreso: socialistas y populares, enfangados ahora en la batalla de los vetos.

La primera consecuencia de la limitación de las competencias del órgano de gobierno de los jueces es la paralización de las nominaciones previstas en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, cuyos magistrados han cumplido ya su mandato de cinco años o se han jubilado al cumplir la edad máxima prevista por la ley (en el Supremo son 72 años aunque se pueden acoger a los 70).

La entrada en funcionamiento de la reforma parlamentaria, por lo tanto, ha dejado varias vacantes sin cubrir pese a que la Comisión Permanente del CGPJ ya había celebrado las entrevistas a los candidatos en liza. El Supremo ha sido el órgano más afectado por esta nueva normativa. Hasta cinco plazas no se van a poder reponer mientras no haya acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo. Una circunstancia harto improbable a corto-medio plazo, según admiten fuentes de la negociación.

Se trata de una vacante en la Sala Primera del alto tribunal (de lo Civil), tres en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) y una más en la Sala Cuarta (de lo Social). En esta lista se incluye el asiento que ha dejado el magistrado Nicolás Maurandi, fallecido el 8 de marzo y que formaba parte de la Sala Tercera.

En la actualidad, el Supremo está formado por 74 magistrados repartidos por las cinco salas ordinarias que conforman su estructura organizativa (otras cuatro salas especiales las integran estos jueces). A la paralización de los nombramientos de las cinco plazas previstas se sumarán otras tres ausencias por jubilación en noviembre, según comentan fuentes oficiales del tribunal. Se trata de los magistrados de la Sala Tercera José Díaz Delgado y Rafael Fernández Valverde y el de la Sala Quinta (Militar), Francisco Javier de Mendoza.

En suma, si en los próximos ocho meses no se renueva el mandato del CGPJ y decae el efecto restrictivo de la reforma ocho de las 74 plazas del Supremo estarán vacantes, es decir, el 11% de la plantilla. De entre todas las jurisdicciones, la más afectada sería la de lo Contencioso-Administrativo, que contaría con cinco magistrados menos de una lista de 32 miembros más el presidente César Tolosa, es decir, el 15% del total. Esta instancia es la más numerosa del alto tribunal y tiene un cometido esencial para el funcionamiento del Estado de derecho. Examina los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del CGPJ, y también del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.

A este escenario se añade otro factor natural que podría alterar más si cabe el normal funcionamiento del alto tribunal: otros cinco magistrados cumplen 70 años en 2021, por lo que podrían jubilarse si lo desean. Se trata de Miguel Colmenero (Sala Segunda), Octavio Juan Herrero e Inés María Huerta (Tercera), Rosa María Virolés (Cuarta) y Fernando Pignatelli (Quinta). Con estos datos, el potencial porcentaje de plazas vacantes se acercaría al 20% –uno de cada cinco jueces del Supremo– si PSOE y PP no se ponen de acuerdo para sacar al CGPJ de esta larga interinidad.

Un segundo elemento, no menor, también surge en este marco para tratar de cargar de responsabilidad a los grupos parlamentarios. La carga de trabajo en el Supremo se ha incrementado de forma exponencial en la mayoría de las salas durante la última década. Según un informe del Consejo, el tiempo medio para resolver los procedimientos oscilaba entre los seis y los 20 meses.

Cabe destacar, por orden, la Sala Civil (de 13,6 meses de media en 2010 a 20 en 2019); Penal (de 5,8 a 6,7 meses); Contencioso (de 17,9 a 11,5 meses en 2019, aunque los recursos de casación ordinarios llegan a los 30 meses); Social (de 10,1 a 14,8 meses); y Militar (de 5 a 5,8 meses). «Un panorama muy preocupante», resume un alto cargo del Supremo.