Los herederos del referéndum ilegal

Un cambio de protagonistas que, sin embargo, apenas ha modificado el escenario. La Moncloa y la Generalitat coinciden en pocas cosas, y una es que no van a ser ellos los que encuentren la salida del conflicto. Va a ser un problema para las próximas generaciones.

El movimiento independentista sigue fuerte, no crece pero no pierde. Sus fieles, pese la división creciente entre sus líderes políticos, llenan las calles. El cambio de inquilino en la Moncloa ha traído un cambio en el enfoque de la respuesta, más diálogo y menos jueces. De momento. A Sánchez ya no le cuesta habla de aplicación del 155 si se cruza alguna línea roja. El conflicto persiste dos años después.

Carles Puigdemont dejó pasmados a propios y extraños con su rocambolesca huida a Bruselas tras la declaración unilateral de la república catalana el 27 de octubre. No quería, ha dicho después, ser un «mártir» y dar con sus huesos en la cárcel. Dejó ese cáliz para otros. Una decisión que con el paso del tiempo le ha pasado factura. Ha pasado de ser el faro del 'procés' a ser un personaje con peso político menguante, aunque nadie se atreva a decir al rey que está desnudo.

Atrincherado en Waterloo tras la peripecia alemana, con paso por prisión incluido, su cotización como presidente del futuro consejo de la república ha bajado enteros. Para mantener la influencia ha impulsado su partido, Crida Nacional per la República. Cada día cierto tiempo recibe las visitas de pleitesía de su testaferro y de otros dirigentes, pero empiezan a ser visitas de cortesía.

Quim Torra empezó su mandato con el reconocimiento de que el 'president legitim' no era él sino Puigdemont. Alimentó la idea de que lo suyo era una gestión puente hasta la restitución del verdadero presidente de la Generalitat.

Pero con el paso de los días, Torra, como hizo su antecesor con Artur Mas, comenzó a tener vida y proyecto propios. Maneja un discurso soberanista. Se mueve entre las aguas revueltas del independentismo con guiños hacia todos. Y si bien durante los primeros meses desde los sectores más 'hiperventilados' se le empezaba a ver como un «peligroso autonomista» que no está de paso, en las últimas semanas su discurso se ha vuelto más agresivo, incluso echando un pulso a la justicia por su apoyo manifiesto, en forma de cartel, en favor de los políticos presos.

La sentencia del 'procés', que se conocerá en unos días, fijará en realidad su posición. Hay quien dice que está dispuesto a llegar donde haga falta, incluso la cárcel, por la defensa del independentismo. Pero hasta la fecha ha dado un paso adelante y otro hacia atrás.

Carme Forcadell, hoy en prisión preventiva y contando los días para conocer su pena, fue un bulldozer al frente del Parlament. Pasó por encima sin la menor mano izquierda de cuantas reclamaciones planteó la oposición, y ejerció más de punta de lanza del proyecto independentista que de presidenta de la Cámara legislativa de Cataluña.

La expresidenta de la ANC está encerrada en la prisión gerundense de Puig de les Basses acusada de rebelión por poner el Parlament al servicio «del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república». En la fase de instrucción del juicio, sus alegaciones ante el juez de que iba a retirarse de la política de nada sirvieron. Una retirada que pocos llorarían porque, al margen de su determinación, dejó una huella muy endeble y muchos le achacan un papel clave en el cisma soberanista.

El reverso de la moneda es su correligionario Roger Torrent. Figura emergente de Esquerra, hila muy fino en todos sus pasos como presidente de la Cámara para no desairar a los soberanistas sin vulnerar al mismo tiempo los mandatos del Tribunal Constitucional. No tiene la menor intención de acabar en la cárcel como su predecesora, y esos comportamientos cautelosos le han granjeado las críticas de los sectores soberanistas más radicales, que añoran el perfil resuelto y desafiante de Forcadell.

Torrent cuenta con el respaldo de su partido en ese ejercicio de funambulismo, muy acorde, por otra parte, con la estrategia de Esquerra Republicana de acumular fuerzas y ensanchar las bases independentistas sin plantear un conflicto con el Estado.

Las conversaciones de Artur Mas y Carles Puigdemont con Mariano Rajoy fueron un dolor de muelas para los expresidentes catalanes. Siempre se toparon con rotundas negativas a sus demandas. Rajoy fue el paradigma de «lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible». Pertrechado de razones constitucionales y legales, no dio oportunidad a la vía política para hallar una salida al laberinto catalán.

En un primer momento, vio el desafío secesionista como un suflé que acabaría por bajar. Cuando comprobó que no iba a ser así, recurrió al Tribunal Constitucional para meter en cintura a Mas y Puigdemont. Pero el conflicto siguió ahí.

No fue ese el motivo de su salida de la Moncloa, es más su estrategia en Cataluña no tuvo coste político para él. Su caída vino de la mano de la sentencia del 'caso Gürtel' y la posterior moción de censura.

Pedro Sánchez estuvo al lado de Rajoy, pero por responsabilidad de Estado. El líder socialista siempre afeó al presidente del Gobierno que solo tocara la tecla judicial y desdeñara la política. Una vez instalado en la Moncloa dio la vuelta a la estrategia del Gobierno y buscó una etapa de distensión que todavía no ha dado frutos, pero que al principio ha sido bien acogida por el Gobierno de Torra. Aunque la Generalitat reclama menos buenas palabras y más hechos.

Sánchez siempre ha admitido que no va a resolver la crisis, pero, pese a todo, pretende encauzarla por la senda del diálogo y alejarla de la confrontación institucional. En los útimos días, empujado también por los nuevos movimientos independentistas, su discurso se ha vuelto más firme, y no duda en pronunciar la palabra madita para el secesionismo: artículo 155.

Juan Ignacio Zoido y su equipo fueron los más fervientes defensores de impedir por la fuerza el 1-O, a pesar de que los técnicos del Ministerio del Interior advirtieron de que era imposible actuar en los más de 3.000 colegios electorales.

Zoido también fue un firme partidario de mandar a los 6.000 agentes de la 'operación Copérnico-Avispa' a Cataluña a pesar de que el altísimo coste económico tampoco garantizaba el éxito contra las urnas.

Suya fue igualmente la idea de nombrar como principal interlocutor con la Generalitat en materia de seguridad a un coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que nunca se entendió con Josep Lluís Trapero en las jornadas previas a la consulta ilegal. Tras el 1-O, y con los Mossos bajo el control directo de Interior, las relaciones con la policía autonómica no mejoraron.

Tras la caída de Rajoy, apostó por caballo perdedor en la carrera por la sucesión (partidario de Cospedal), pero el equipo de Casado le repescó para ser el presidente del Comité Electoral Nacional.

Fernando Grande-Marlaska desde el principio quiso marcar distancias con su antecesor. El 6 de septiembre logró definitivamente romper el hielo con la Generalitat, al conseguir convocar la Junta de Seguridad de Cataluña en Barccelona, a la que asistió él mismo y que presidió Quim Torra.

No hubo acuerdos de calado entonces ni compromisos por parte de la Generalitat, pero el simple gesto de que Marlaska y el consejero de Interior, Miquel Buch, comparecieran juntos fue casi histórico.