Aragonès redobla la presión al Gobierno con su propuesta de un referéndum pactado

Y si el independentismo vuelve a obtener la mayoría absoluta y mantiene el poder en Cataluña, Pedro Sánchez tendrá en su despacho, al día siguiente de la investidura catalana, una propuesta formal para sentarse a negociar un referéndum sobre la secesión. Tanto si sale elegido Pere Aragonès como si es investido Carles Puigdemont.

Hasta la fecha, Aragonès había puesto el foco de sus mensajes de precampaña en la cuestión del cupo catalán y la financiación. Este martes elevó la reivindicación con una oferta de referéndum, que tiene pregunta, pero no fecha. El independentismo no tiene las prisas de 2017 y admite que sin acuerdo entre Madrid y Barcelona la consulta no tendría «plenas garantías». Pero que no tenga urgencias, no quiere decir que el asunto se vaya aparcar. Y menos ahora que el Gobierno depende de los 14 escaños que suman entre Esquerra y Junts.         

El candidato de ERC plantea un acuerdo con el Gobierno para celebrar una consulta sobre la independencia a la escocesa, a partir del artículo 92 de la Constitución, aunque no descarta otras vías como la reforma de la ley orgánica de 1980 sobre la convocatoria de referéndums o el 150.2 de la Carta Magna.

La pregunta es sencilla y la respuesta es binaria, sí o no a la separación: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». Es similar a la que empleó Edimburgo en 2014: «¿Debe ser Escocia un país independiente?». Su intención, si sale investido de nuevo, es llevar esta fórmula a la mesa de diálogo con el Gobierno, a pesar de que los socialistas repitan por activa y por pasiva que no permitirán una consulta soberanista, que consideran divisiva y anticonstitucional. «No estamos ante un imposible», advirtió Aragonès en un acto celebrado en un organismo del Govern, pero no en el Palau de la Generalitat. «Lo mismo decían de los indultos y de la amnistía», avisó. «Hay que abrir la siguiente fase de negociación con el Estado», presionó.

El aspirante a la reelección puso este martes el referéndum en el centro de la precampaña (en la oposición le acusaron de uso partidista de las instituciones), obligó a todos los candidatos a posicionarse sobre su propuesta (incluido el rechazo de los socialistas) y se situó en el mismo nivel en la escala independentista que Puigdemont. En la pugna que libran ERC y Junts por ver quién es más secesionista, en este tema de momento están más bien empatados.

Y es que los republicanos, que antes se inclinaban por la delegación de las funciones estatales para autorizar referendos a través del artículo 150.2 de la Constitución, ahora abrazan la vía del 92 de la Carta Magna, que es justo el que Junts incluyó en el pacto de investidura suscrito con el PSOE. Puigdemont, en Elna, prometió regresar si tiene los apoyos para ser investido y afirmó que planteará a Sánchez la celebración de un referéndum, lo mismo que dice ERC. Los republicanos, en cualquier caso, dan pie a la confusión, pues un día sale la secretaria general del partido, Marta Rovira, diciendo que ya negocian el referéndum con los socialistas y días después sale el jefe del Ejecutivo autonómico presentando la fórmula que se propone negociar. Puigdemont gana quizá a los puntos ya que insiste en que no descarta la vía unilateral.

El artículo 92 dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Se entiende que de todos los españoles, pero como no lo dice expresamente los independentistas ven margen.     

La propuesta de los republicanos establece que el ámbito territorial del referéndum debería circunscribirse solo a Cataluña y deberían poder votar todas las personas que tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament de Cataluña. «El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados», según el artículo 92, que también dice que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum.

Aragonès no considera oportuno establecer quórums mínimos de participación y validación de los resultados, a pesar de que la fórmula de ERC fijaba un 50% de participación y un 55% como poco de síes para poder implementar el resultado. En los dos antecedentes que hay en Cataluña, ambos declarados ilegales, la participación fue del 37% en el 9-Nde 2014 y del 43%    en el 1-O de 2017. El plan del Govern no fija año ni fecha de celebración, pero sí sugiere qué días no son recomendables por no ser imparciales: 23-A (Sant Jordi), 11-S, 1-O, 12-O y 6-D.